IRU ha solicitado a la Comisión Europea medidas específicas para aliviar la presión económica sobre las empresas de transporte por carretera ante el encarecimiento del diésel. La organización propone prolongar las ayudas vinculadas a la crisis de Oriente Medio hasta finales de 2027 y establecer un plazo máximo de pago de 30 días para los servicios de transporte comercial por carretera.

La organización ha trasladado estas peticiones a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mediante una carta en la que advierte de las dificultades que afrontan los operadores para absorber las subidas del combustible. La situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad financiera se ve debilitada también por los retrasos en los pagos.

La iniciativa llega en un contexto de protestas puntuales y bloqueos espontáneos en varios países de la Unión Europea. IRU y sus federaciones nacionales asociadas se desmarcan de estas acciones y defienden el diálogo para mantener el funcionamiento de las cadenas logísticas y la movilidad de los pasajeros.

El combustible representa alrededor del 30% de los costes operativos

Según los datos aportados por IRU, los camiones, autobuses y autocares de la Unión Europea consumen aproximadamente 6.800 millones de litros de diésel al mes. El combustible supone alrededor del 30% de los costes operativos, mientras que muchos operadores trabajan con márgenes de apenas el 1% al 3%.

Esta combinación deja poco margen para asumir aumentos importantes del precio del gasóleo sin comprometer la situación económica de las empresas.

«Los camiones, autobuses y autocares de toda la UE utilizan aproximadamente 6.800 millones de litros de diésel cada mes. Con el combustible representando alrededor del 30% de los costes operativos y muchos operadores trabajando con márgenes de solo el 1% al 3%, las subidas de precios ejercen una presión considerable sobre las empresas», señala Habib Turki, secretario general de IRU.

La organización vincula el encarecimiento del diésel a la crisis de Oriente Medio y reclama una respuesta europea dirigida a los operadores afectados.

Ampliar las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2027

La primera petición consiste en prorrogar durante un año el marco temporal de ayudas estatales por la crisis de Oriente Medio, hasta el 31 de diciembre de 2027, manteniendo las disposiciones existentes para el transporte por carretera.

IRU plantea esta ampliación como una herramienta para aportar estabilidad a las empresas y facilitar la continuidad de sus servicios y de sus inversiones.

«Muchas empresas, especialmente las pymes, que constituyen la inmensa mayoría de los operadores, no disponen de reservas financieras para afrontar las fuertes subidas del diésel. Los retrasos en los pagos debilitan aún más su resistencia financiera», advierte Turki.

Una regulación específica contra la morosidad en el transporte

La segunda propuesta es que la Comisión impulse un reglamento europeo específico sobre los retrasos en los pagos en el transporte comercial por carretera. La organización solicita que esta norma establezca un plazo máximo de pago de 30 días, acompañado de mecanismos efectivos que garanticen su cumplimiento.

La petición aborda dos presiones que coinciden en la tesorería de las empresas: el aumento del gasto en combustible y la demora en el cobro de los servicios prestados. Para IRU, actuar sobre ambas permitiría reforzar la capacidad de los operadores para mantener su actividad.

Las dos medidas forman parte de las reivindicaciones trasladadas a la Comisión Europea, no de decisiones anunciadas como aprobadas.

IRU rechaza los bloqueos y apuesta por el diálogo

Ante las movilizaciones registradas en distintos países europeos, IRU insiste en que no respalda las protestas ni los bloqueos y mantiene su compromiso con la cooperación constructiva.

La organización defiende que la respuesta a las dificultades económicas debe proteger la continuidad del transporte, evitando interrupciones en las cadenas logísticas y en los servicios de viajeros.

«Los operadores necesitan soluciones prácticas, no interrupciones. No apoyamos las protestas ni los bloqueos. Pedimos un diálogo constructivo y medidas específicas que respondan a las presiones que afrontan las empresas, protejan la continuidad de los servicios de transporte y refuercen la resistencia del sector», concluye Turki.