La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha mostrado su malestar tras las recientes declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, sobre la situación de los alumnos pendientes de examen práctico y el funcionamiento del denominado Plan PRO, el programa extraordinario de exámenes que se realiza los sábados en las provincias con mayor saturación.

Desde la organización consideran que el problema no puede reducirse a una cuestión organizativa de las autoescuelas y recuerdan que el verdadero origen de la situación es la falta estructural de examinadores en numerosas provincias españolas.

La CNAE critica especialmente las afirmaciones realizadas en el Congreso de los Diputados sobre la bolsa de alumnos pendientes de examen. Según la organización, minimizar la situación actual supone ignorar la realidad que viven miles de alumnos y cientos de centros de formación vial en toda España.

Las autoescuelas explican que no es posible improvisar la preparación de un alumno en apenas unos días, especialmente cuando los refuerzos de examinadores se anuncian con poca antelación. El proceso formativo requiere planificación, disponibilidad de profesores y una previsión estable de fechas de examen. Además, recuerdan que los alumnos incluidos en la denominada “bolsa” ya han superado previamente las pruebas teóricas y, en algunos casos, las pruebas de destreza para motocicletas y vehículos pesados. Muchos de ellos estarían preparados para examinarse si existiera una capacidad suficiente y constante de exámenes prácticos.

Aunque la CNAE valora positivamente el Plan PRO, considera que se trata únicamente de una solución temporal que no resuelve el problema de fondo. La organización señala que el sistema sigue arrastrando problemas como jubilaciones no cubiertas, bajas prolongadas y plantillas insuficientes frente a una demanda creciente de nuevos conductores. También critica que los exámenes extraordinarios solo se celebren en capitales de provincia, lo que dificulta el acceso a los alumnos de centros desplazados.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado hace referencia a los permisos para vehículos pesados. La CNAE considera que incluir este tipo de pruebas en los planes extraordinarios ayudaría a reducir la escasez de conductores profesionales que afecta actualmente al sector del transporte.

Según la organización, España necesita incorporar más de 35.000 nuevos conductores profesionales para responder a las necesidades actuales del transporte de mercancías por carretera. En este sentido, las autoescuelas aseguran que, si existiera mayor capacidad de examen, podrían formar a más alumnos, contratar más profesores y agilizar la incorporación de nuevos profesionales al mercado laboral.

La CNAE reclama al Gobierno y a la Dirección General de Tráfico una solución estable y definitiva. Entre las alternativas planteadas, la organización menciona modelos mixtos público-privados similares a los existentes en otros sectores o en países como Portugal. La entidad recuerda además que más de 1.400 autoescuelas han cerrado en los últimos años debido a esta situación, lo que refleja el impacto económico y organizativo que está teniendo la falta de capacidad de examen.

Desde el sector insisten en que las autoescuelas continúan centradas en ofrecer una formación vial de calidad y garantizar que los futuros conductores accedan a la carretera con la preparación adecuada. Por ello, reclaman mayor previsión, más recursos y medidas estructurales que permitan acabar con un problema que, según denuncian, lleva años afectando tanto a alumnos como a profesionales de la formación vial en toda España.

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La Asociación Española del Transporte (AET) ha anunciado la puesta en marcha de su nueva delegación en Canarias, concebida como un Nodo Atlántico de Innovación en Transporte y Logística. La iniciativa nace con el objetivo de convertir la singularidad insular del archipiélago en una ventaja competitiva, impulsando un ecosistema más digital, eficiente y sostenible.

El transporte en Canarias tiene un papel esencial. No solo sostiene la actividad económica, sino que garantiza la conectividad entre islas, el abastecimiento diario y la competitividad turística. Con ocho islas habitadas, una elevada actividad turística, dos grandes polos portuarios, ocho aeropuertos y su condición de Región Ultraperiférica de la Unión Europea, el archipiélago se consolida como un punto estratégico entre Europa, África y América.

La nueva delegación de la AET quiere aprovechar esta posición para reforzar el papel de Canarias como hub tricontinental y como laboratorio de innovación aplicada al transporte, la logística y la movilidad sostenible.

El proyecto se articulará en torno a cuatro grandes líneas de trabajo. La primera será la conectividad inteligente, con el objetivo de optimizar las rutas interinsulares, mejorar la integración entre transporte marítimo, aéreo y terrestre, y aplicar modelos predictivos vinculados a la demanda turística.

La segunda línea será la digitalización del ecosistema logístico, mediante el impulso de puertos inteligentes, herramientas basadas en inteligencia artificial y plataformas de datos compartidos que permitan mejorar la trazabilidad y reducir ineficiencias.

También tendrá un papel destacado la logística turística, clave en un territorio donde la actividad hotelera y la movilidad de mercancías están estrechamente relacionadas. En este ámbito, se buscará mejorar la gestión de la última milla y sincronizar las cadenas de suministro con los niveles de ocupación.

Por último, la delegación trabajará en la sostenibilidad y la transición energética, con especial atención a la electrificación de flotas, el desarrollo del hidrógeno verde en entornos portuarios y la reducción de la huella ambiental del transporte vinculado al turismo.

La AET plantea Canarias como un auténtico sandbox tecnológico, es decir, un entorno controlado donde probar proyectos piloto, modelos de gestión y soluciones digitales que puedan escalarse después a otros territorios insulares o regiones con alta dependencia del transporte.

La delegación se organizará mediante grupos de trabajo centrados en movilidad turística, logística interinsular, innovación portuaria y aplicación de datos e inteligencia artificial. Estos espacios permitirán conectar a empresas, administraciones, instituciones públicas, operadores logísticos, sector turístico, tecnología y energía.

El delegado territorial, Néstor Castaneda, ha señalado que la apertura de la delegación no busca sustituir a los agentes ya existentes, sino aportar un marco de trabajo transversal e independiente para situar las singularidades canarias en el centro del debate sobre la movilidad del futuro.

Con este nodo atlántico, la AET aspira a reforzar el papel internacional de los puertos y aeropuertos canarios, ofrecer a las empresas un espacio de anticipación y networking cualificado, y dotar a las administraciones de herramientas estratégicas.

En última instancia, el objetivo es avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, sostenible y adaptado a la realidad insular, capaz de responder a los retos logísticos, turísticos y energéticos del archipiélago.

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La falta de conductores profesionales impulsa la homologación masiva de carnés extranjeros

La escasez de conductores profesionales en España ha obligado a acelerar la incorporación de transportistas procedentes de terceros países. En los últimos años, la homologación de permisos de conducción extranjeros se ha disparado, evidenciando la dificultad del sector para cubrir la demanda de profesionales al volante.

Según los últimos datos oficiales, en España se han homologado más de 15.500 carnés de conducir de camión correspondientes a conductores extranjeros. Esta cifra refleja el esfuerzo de las empresas de transporte por mantener su actividad en un contexto de déficit estructural de conductores, especialmente en el transporte de mercancías por carretera.

En los últimos ejercicios, tanto asociaciones empresariales como administraciones públicas han alertado de que faltan miles de camioneros para cubrir las rutas nacionales e internacionales. Este problema no solo afecta a las pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes flotas que operan en toda Europa.

La ausencia de personal cualificado está generando tensiones en la cadena de suministro y encareciendo los costes operativos de las compañías. Para muchas empresas, recurrir a conductores extranjeros homologados se ha convertido en una vía imprescindible para poder seguir prestando servicio y cumplir con los plazos de entrega.

El proceso de homologación de permisos de conducción de terceros países permite que conductores formados fuera de la Unión Europea puedan trabajar de manera legal en España. Estos profesionales suelen proceder de países con tradición en el transporte por carretera y forman parte de la respuesta del sector a la falta de relevo generacional y al descenso de nuevos profesionales locales.

La cifra de 15.500 carnés homologados no es casualidad: responde a una política activa de facilitar la incorporación de estos conductores al mercado laboral. Este dato confirma una tendencia clara: cada vez más empresas dependen de mano de obra extranjera para mantener sus operaciones.

Uno de los factores de fondo que explican esta situación es el elevado envejecimiento de la plantilla de conductores. La edad media del camionero profesional en España es alta y el relevo generacional no está garantizado. A ello se suma la percepción de que el trabajo en la carretera es exigente, con largas jornadas, estancias fuera de casa y condiciones que muchos jóvenes no están dispuestos a asumir.

La consecuencia directa es que no se incorporan suficientes nuevos conductores españoles para compensar las jubilaciones y las bajas del sector. Ante este escenario, la homologación de carnés de terceros países se ha convertido en un mecanismo clave para evitar que la falta de personal paralice la actividad del transporte de mercancías por carretera.

Por un lado, la integración de conductores extranjeros requiere adaptación, formación y una correcta gestión de la diversidad cultural y normativa. Es esencial garantizar que todos los profesionales, independientemente de su país de origen, conozcan la normativa española y europea, así como los estándares de seguridad vial y prevención de riesgos.

Por otro lado, la administración se enfrenta al reto de mantener un equilibrio entre la agilización de los procesos de homologación y el control de la calidad y la seguridad. El volumen creciente de solicitudes obliga a disponer de recursos suficientes para gestionar estos trámites sin retrasos indebidos y con plena garantía jurídica.

La homologación de más de 15.500 carnés de conducir de camión de conductores extranjeros es un indicador claro de hacia dónde se dirige el sector. Si la situación actual se mantiene, la presencia de conductores procedentes de terceros países seguirá aumentando en las carreteras españolas y europeas. La combinación de escasez de mano de obra local, envejecimiento de la plantilla y necesidad de mantener la competitividad está configurando un nuevo escenario, en el que la internacionalización de la fuerza laboral al volante será cada vez más habitual.

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El sector del transporte por carretera sigue muy pendiente de la evolución de los costes energéticos y fiscales en España. La posibilidad de que el Gobierno mantenga únicamente hasta el próximo 30 de junio las rebajas del IVA aplicadas a carburantes y energía ha vuelto a generar inquietud entre transportistas, empresas logísticas y autónomos, que consideran clave mantener medidas de apoyo ante un escenario económico todavía marcado por la volatilidad de los precios.

Según apuntan los técnicos del Ministerio de Hacienda, la reducción fiscal aplicada en los últimos meses podría tener fecha de caducidad este verano, una decisión que tendría un impacto directo tanto en el consumo energético como en los costes operativos del transporte y la distribución.

El transporte de mercancías por carretera continúa enfrentándose a importantes desafíos relacionados con el incremento de costes. Aunque los precios de los carburantes se han moderado respecto a los máximos registrados durante la crisis energética, el combustible sigue representando uno de los mayores gastos para las flotas de transporte.

La posible retirada de las medidas fiscales extraordinarias preocupa especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector, que todavía trabajan con márgenes ajustados y con dificultades para repercutir completamente el aumento de costes a sus clientes. Además del gasóleo, el sector logístico también vigila de cerca el comportamiento del precio de la electricidad, especialmente en un momento en el que muchas compañías están acelerando la electrificación de flotas, almacenes y centros logísticos.

La evolución del IVA energético se ha convertido en un factor estratégico para la competitividad del transporte y la logística en España. Las organizaciones empresariales llevan meses reclamando medidas que aporten estabilidad y permitan planificar inversiones a medio y largo plazo. En un entorno donde la transición energética exige importantes esfuerzos económicos, el mantenimiento de incentivos fiscales puede resultar determinante para continuar impulsando proyectos de movilidad sostenible, infraestructuras de recarga y renovación de vehículos industriales.

El sector considera que una retirada precipitada de las ayudas podría ralentizar parte de las inversiones previstas, especialmente entre los autónomos y las pequeñas empresas de transporte. La incertidumbre regulatoria también afecta a la capacidad de planificación de muchas compañías. Los profesionales del transporte recuerdan que durante los últimos años han tenido que asumir un fuerte incremento de costes derivados no solo de la energía, sino también de los peajes, los seguros, la financiación y la falta de conductores.

Por ello, las asociaciones del sector insisten en la necesidad de contar con políticas fiscales estables que permitan mantener la competitividad de las empresas españolas frente a otros mercados europeos. En paralelo, muchas compañías continúan apostando por la digitalización, la optimización de rutas y la eficiencia energética como herramientas para contener costes y mejorar la rentabilidad.

Las empresas de transporte y logística coinciden en que el futuro del sector pasa por combinar sostenibilidad, innovación y estabilidad económica. En este contexto, las decisiones fiscales relacionadas con la energía seguirán teniendo un peso clave durante los próximos meses. Mientras el Gobierno estudia la continuidad de las rebajas fiscales, el transporte por carretera mantiene la atención puesta en unas medidas que podrían marcar la evolución de costes del segundo semestre del año y condicionar la competitividad de toda la cadena logística.

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La próxima edición del SIL Barcelona promete consolidarse como el gran punto de encuentro internacional para el transporte, la logística y la Supply Chain. La feria, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), reunirá del 3 al 5 de junio a más de 160 innovaciones tecnológicas y cerca de 80 startups especializadas en soluciones para el sector logístico.

El SIL Barcelona 2026 volverá a situar a la capital catalana en el centro de la innovación logística europea. En esta 28ª edición, las empresas participantes presentarán soluciones enfocadas en algunos de los grandes desafíos actuales del transporte y la distribución: digitalización, sostenibilidad energética, automatización y captación de talento.

Entre las propuestas más destacadas figuran sistemas de logística aérea con drones en entornos urbanos y aeroportuarios, aplicaciones de visión artificial para operaciones portuarias, muelles de carga totalmente eléctricos y tecnologías basadas en Inteligencia Artificial para optimizar la toma de decisiones logísticas.

Además, la sostenibilidad tendrá un peso relevante con soluciones como palets fabricados con fibra agrícola 100% reciclable, comunidades energéticas en parques logísticos o puntos de carga personalizados para vehículos eléctricos.

Uno de los grandes ejes temáticos del SIL 2026 será la aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito logístico y del transporte por carretera. La IA no solo se utilizará para automatizar procesos o mejorar la eficiencia operativa, sino también para facilitar la gestión del capital humano y favorecer el relevo generacional en un sector cada vez más necesitado de profesionales especializados.

El presidente ejecutivo del CZFB y del SIL Barcelona, Pere Navarro, destacó que esta edición reflejará “las innumerables aplicaciones que la Inteligencia Artificial tiene en el sector de la logística”, junto a nuevas soluciones sostenibles y energéticamente eficientes.

La presencia creciente de herramientas basadas en IA confirma cómo el sector logístico está evolucionando hacia modelos más conectados, predictivos y automatizados, capaces de responder con mayor rapidez a las exigencias del mercado.

El ecosistema emprendedor también tendrá un protagonismo especial en la feria. Cerca de 80 startups participarán en el Startup Meeting Area, donde mostrarán tecnologías y servicios orientados a mejorar la eficiencia y competitividad de las cadenas de suministro.

Dentro de este espacio, 21 startups finalistas competirán por el Premio a la Mejor Startup SIL 2026 durante la celebración del Investor Day, una jornada diseñada para conectar emprendedores, inversores y empresas del sector. Cada empresa dispondrá de cinco minutos para presentar su proyecto ante una audiencia especializada.

Entre las startups seleccionadas destacan compañías centradas en Inteligencia Artificial, IoT, automatización logística y nuevas soluciones de movilidad y gestión de almacenes.

La directora general del CZFB y del SIL Barcelona, Blanca Sorigué, subrayó el creciente interés de las empresas logísticas por colaborar con startups tecnológicas. Según datos del Barómetro del Círculo Logístico, el 66,4% de los directivos del sector ve positivamente externalizar servicios a startups especializadas, mientras que el 26,2% ya trabaja con alguna de ellas.

Con esta apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, el SIL Barcelona 2026 reafirma su posición como uno de los principales escaparates europeos para conocer las tendencias que marcarán el futuro del transporte y la logística.

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CNTC cuestiona la propuesta de Seopan sobre nuevos peajes en autovías

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha manifestado su rechazo frontal a la última propuesta de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que plantea la implantación de un nuevo sistema de peajes en las autovías españolas. Según el CNTC, esta iniciativa supone, una vez más, un intento de trasladar al transporte de mercancías por carretera el coste de la financiación de las infraestructuras viarias.

Seopan ha vuelto a defender la introducción de peajes en la red de autovías del Estado, argumentando la necesidad de asegurar recursos para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras. Sin embargo, desde el CNTC se subraya que el transporte profesional por carretera ya contribuye de forma muy significativa a las arcas públicas a través de diferentes figuras impositivas, como el impuesto especial sobre hidrocarburos, los peajes ya existentes, así como tasas y otros gravámenes vinculados a la actividad.

Para el CNTC, la propuesta de Seopan se enmarca en una estrategia recurrente del sector de la construcción y concesión de infraestructuras para traspasar al transporte y, en última instancia, al conjunto de la economía, el coste de sus planteamientos financieros. En este sentido, el Comité recuerda que la cadena de suministro es especialmente sensible a cualquier incremento de costes, lo que repercute de forma directa en la competitividad de las empresas y en los precios finales que asume el consumidor.

El CNTC advierte de que la implantación de nuevos peajes sobre las autovías tendría un impacto económico muy negativo para las empresas de transporte, un sector que ya opera con márgenes ajustados y soporta una alta carga fiscal y de costes operativos. La introducción de tarifas adicionales afectaría a la viabilidad de muchas compañías, en especial a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial del transporte por carretera.

Además, el Comité insiste en que el transporte de mercancías por carretera es un servicio esencial para el funcionamiento de la economía, garantizando el abastecimiento de mercancías a industrias, comercios y consumidores en todo el territorio. Por ello, considera que penalizar al sector con nuevos peajes supone gravar de manera indirecta la actividad económica en su conjunto.

Otro de los puntos señalados por el CNTC es el posible desvío de tráfico pesado desde las autovías de alta capacidad hacia carreteras convencionales para evitar el pago de peajes. Este fenómeno, advierte el Comité, podría derivar en un incremento de la siniestralidad y en un mayor deterioro de vías que no están diseñadas para soportar un volumen elevado de vehículos pesados.

Desde la representación del transporte se insiste en que cualquier medida que encarezca el uso de las autovías para los vehículos de transporte profesional puede contradecir los objetivos de seguridad vial y eficiencia del sistema de transporte que se persiguen desde las administraciones públicas.

El CNTC reclama que, antes de plantear nuevas fórmulas de recaudación, se tenga en cuenta la contribución real que ya hace el transporte de mercancías por carretera al mantenimiento de la red viaria, así como su papel estratégico en la economía nacional. En este sentido, pide que cualquier reforma del modelo de financiación de infraestructuras se aborde de forma dialogada con el sector y con criterios de proporcionalidad, equilibrio e impacto económico.

Cualquier incremento de costes en el uso de las infraestructuras repercute directamente en la operativa diaria. Por ello, el CNTC insiste en que no es admisible seguir señalando al transporte de mercancías por carretera como el principal financiador de las infraestructuras públicas, mientras se obvia la aportación que ya realiza y la importancia que tiene para la competitividad del país.

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El sector pide seguridad jurídica para acelerar la transición energética

La Organización Mundial del Transporte por Carretera, IRU, ha instado a la Unión Europea a alcanzar un acuerdo sobre la propuesta relativa a los vehículos pesados de cero emisiones, una cuestión clave para el futuro del transporte por carretera.

El sector considera que la falta de consenso puede retrasar la transición energética y generar incertidumbre entre las empresas. Sin reglas claras, los operadores tienen más dificultades para planificar inversiones, renovar flotas y adaptar su actividad a las nuevas exigencias medioambientales.

El transporte pesado se encuentra en un momento decisivo. La implantación de camiones de cero emisiones supone un cambio profundo en la forma de operar, invertir y organizar la logística. No se trata solo de incorporar nuevos vehículos, sino de garantizar que la normativa permita hacerlo de manera viable.

IRU reclama que las decisiones europeas tengan en cuenta la realidad diaria de las empresas transportistas. La transición debe avanzar, pero necesita un marco regulatorio estable que dé confianza al sector y evite decisiones improvisadas. Uno de los principales mensajes del sector es que la descarbonización no puede plantearse al margen de la competitividad. Las empresas de transporte necesitan soluciones sostenibles, pero también económicamente asumibles y operativamente eficaces.

El transporte por carretera cumple una función esencial en la economía europea. Cualquier cambio normativo debe facilitar la reducción de emisiones sin generar nuevas barreras que perjudiquen la actividad de pymes, autónomos y grandes operadores. La renovación de flotas hacia vehículos pesados de cero emisiones requiere importantes decisiones empresariales. Para asumirlas, los operadores necesitan saber qué reglas se aplicarán, en qué plazos y bajo qué condiciones.

La ausencia de un acuerdo claro puede frenar la toma de decisiones y ralentizar la modernización del sector. La seguridad jurídica es imprescindible para que las empresas puedan invertir con confianza en tecnologías limpias. La propuesta sobre vehículos pesados de cero emisiones forma parte del camino hacia un transporte más sostenible en Europa. Para IRU, avanzar en este acuerdo permitiría dar una señal clara al mercado y reforzar el compromiso del sector con la reducción de emisiones.

El transporte europeo reclama agilidad institucional y una regulación realista. La descarbonización del transporte pesado solo será posible si las normas acompañan a las empresas y facilitan una transición ordenada, viable y competitiva.

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UGT ha convocado una huelga indefinida en el transporte de mercancías y viajeros por carretera a partir de junio para reclamar avances en la jubilación anticipada de los conductores profesionales.

La movilización afectaría a camiones y autobuses, dos actividades esenciales para la economía y la movilidad diaria. El sindicato sitúa el foco en la necesidad de reconocer las condiciones específicas de una profesión marcada por largas jornadas, elevada responsabilidad y desgaste físico y mental.

La principal reclamación de UGT es la aplicación de mecanismos que permitan la jubilación anticipada en el sector del transporte por carretera. Para el sindicato, esta medida es necesaria para dar respuesta a una realidad laboral especialmente exigente. Los conductores de camión y autobús desempeñan una actividad estratégica, tanto para el abastecimiento como para el transporte de viajeros. Por ello, UGT considera que la Administración debe atender una demanda que el sector lleva tiempo defendiendo. La convocatoria de huelga indefinida abre un escenario de preocupación para empresas, usuarios y operadores logísticos. Una paralización del transporte por carretera podría afectar al suministro de mercancías y a los servicios de autobús, especialmente si el conflicto se prolonga.

«Han pasado más de seis meses desde que se aprobó la tramitación de la solicitud y no hemos obtenido respuesta del Gobierno, del Ministerio o de la Administración pública, lo que implica que tras seis meses se considera silencio administrativo y los coeficientes quedan denegados. Esa es la única certeza que UGT tiene a día de hoy», ha señalado el secretario general de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo.

«Queremos una respuesta por escrito del Ministerio de Trabajo en la que se nos diga en qué situación está este asunto. Y que si necesitan más tiempo, que lo digan oficialmente, pero no den la callada por respuesta», ha afirmado.

El transporte es una pieza básica para el funcionamiento de la economía. Cualquier interrupción en su actividad puede generar retrasos, tensiones operativas y dificultades añadidas para empresas y ciudadanos. Con esta convocatoria, UGT busca presionar para que se avance en la regulación de la jubilación anticipada de los conductores profesionales. El sindicato defiende que el sector necesita una solución que reconozca la dureza de la actividad y aporte seguridad a los trabajadores. La huelga indefinida de camiones y autobuses sitúa de nuevo al transporte por carretera en el centro del debate laboral, con una reivindicación que puede marcar la agenda del sector durante las próximas semanas.

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La FVET cuantifica por primera vez el impacto del bloqueo en las ITV

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha puesto cifras a un problema que el sector lleva meses denunciando: el colapso del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana está afectando de lleno a la actividad diaria de las empresas transportistas.

Según los datos recabados en la campaña ‘Ni un minuto más’, el 64% de las empresas valencianas de transporte tiene al menos dos vehículos en espera cada año y tarda una media de dos meses en conseguir cita. Una situación que, según la organización, supone una pérdida directa de competitividad y genera una creciente inseguridad jurídica para los profesionales.

La encuesta impulsada por FVET entre empresas del sector refleja una valoración muy negativa del servicio: 7 de cada 10 transportistas califican la atención con la nota mínima, un 1 sobre 5. El principal problema son los tiempos de espera. El 62,8% de las empresas afirma tardar dos meses o más en obtener cita, mientras que el 57,7% reconoce haber tenido vehículos parados por no disponer de la inspección técnica en vigor.

El impacto económico es especialmente grave. FVET estima que cada camión inmovilizado supone una pérdida de unos 600 euros diarios, al mantener costes fijos sin poder generar ingresos ni cumplir compromisos logísticos. Ante la falta de citas, muchas compañías han optado por buscar soluciones fuera del territorio valenciano. De hecho, el 78,5% de las empresas ya desplaza parte de su flota a comunidades autónomas vecinas para pasar la ITV y evitar sanciones.

Esta situación, advierte FVET, no solo perjudica a pymes y autónomos del transporte por carretera, sino que también debilita la capacidad exportadora de la Comunitat Valenciana, en un contexto marcado además por el encarecimiento del combustible y el aumento de los costes operativos.

El presidente de FVET, Carlos Prades, ha sido contundente al valorar los datos: “No es solo una cuestión de incomodidad, es un perjuicio económico real”. A su juicio, las empresas no pueden permitir que sus herramientas de trabajo permanezcan paradas por la ineficiencia de un servicio esencial.

La campaña ‘Ni un minuto más’, respaldada también por organizaciones como Propeller, UATAE, federaciones provinciales de transportistas y la Unión de Consumidores, reclama una respuesta inmediata antes del verano. Entre las principales demandas figuran un cambio del modelo de gestión, con fórmulas público-privadas o liberalizadas, la creación de líneas específicas para vehículos industriales, horarios adaptados al transporte profesional y más agilidad administrativa.

FVET insiste en que el colapso de las ITV no es un asunto interno del sector, sino un problema que repercute en la economía regional. Cada camión parado retrasa entregas, encarece operaciones y resta competitividad a las empresas valencianas. Además, la federación advierte de que esta situación también puede estar afectando a la recaudación pública, al desplazar inspecciones fuera de la Comunitat Valenciana. Para Prades, el sistema actual es “inaceptable” y exige medidas urgentes para evitar que el transporte siga perdiendo tiempo, ingresos y capacidad de servicio.

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El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha valorado positivamente la nueva fórmula de revisión del precio del transporte, una medida que el sector considera necesaria para reforzar el equilibrio en las relaciones comerciales entre transportistas y cargadores.

• La revisión del precio del transporte es uno de los asuntos más relevantes para las empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera, ya que influye directamente en su rentabilidad, en la estabilidad de los contratos y en la capacidad de mantener una actividad económicamente viable.

En este contexto, el CNTC celebra que se avance hacia un sistema que permita adaptar mejor el precio del servicio a la evolución de los costes. Para el sector, contar con una fórmula clara de revisión supone una garantía frente a situaciones de desequilibrio contractual.

Además de mostrar su satisfacción por la nueva fórmula, el CNTC ha afeado las presiones de los cargadores contra su aplicación. El Comité considera que estas actuaciones tratan de condicionar o limitar el alcance de una medida pensada para proteger la sostenibilidad económica del transporte por carretera. Desde la perspectiva del sector, la nueva fórmula de revisión no debe convertirse en un nuevo foco de conflicto, sino en una herramienta útil para ordenar las relaciones comerciales y garantizar que los precios respondan a criterios objetivos.

El CNTC insiste en que cualquier intento de frenar su aplicación supone un obstáculo para avanzar hacia un mercado más justo y equilibrado. La organización defiende que transportistas y cargadores deben operar bajo reglas claras, respetando el sentido de la medida y evitando interpretaciones interesadas que puedan perjudicar a las empresas de transporte.

El transporte de mercancías por carretera trabaja en un entorno marcado por fuertes presiones sobre los costes. Por ello, la posibilidad de revisar el precio del transporte de forma adecuada resulta esencial para que las empresas puedan planificar su actividad, mantener sus servicios y proteger sus márgenes.

La nueva fórmula de revisión del precio del transporte se presenta como un mecanismo clave para aportar mayor seguridad económica al sector. Su correcta aplicación puede contribuir a evitar que los transportistas asuman en solitario variaciones de costes que afectan directamente a la prestación del servicio.

Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas compañías del transporte, disponer de un sistema de revisión efectivo puede marcar la diferencia entre trabajar con cierta estabilidad o verse obligadas a operar en condiciones poco sostenibles.

Uno de los principales objetivos de esta medida es avanzar hacia una relación más equilibrada entre quienes prestan el servicio de transporte y quienes lo contratan. El CNTC entiende que la nueva fórmula debe servir para reforzar la transparencia, reducir tensiones y evitar abusos en la negociación de los precios. En el transporte por carretera, los contratos y acuerdos comerciales deben reflejar de forma realista las condiciones en las que se desarrolla la actividad. Cuando los costes cambian, el precio del transporte también debe poder ajustarse de manera coherente, sin que una de las partes imponga su posición sobre la otra.

El Comité defiende que la revisión del precio no es un privilegio para el transportista, sino una condición necesaria para que el servicio pueda prestarse con garantías. Sin precios adecuados, se debilita la capacidad del sector para mantener la calidad, la continuidad y la eficiencia de las operaciones. El CNTC reclama que la nueva fórmula se aplique conforme a su finalidad y sin maniobras que puedan desvirtuarla. La organización considera fundamental que todos los agentes implicados respeten el marco establecido y contribuyan a que la medida funcione de manera efectiva.

El transporte por carretera necesita reglas claras, estables y respetadas por todas las partes. Solo así podrá avanzar hacia un modelo de contratación más justo, en el que las empresas transportistas no queden expuestas a presiones comerciales que comprometan su viabilidad. La reacción del CNTC refleja la importancia que esta cuestión tiene para el conjunto del transporte de mercancías por carretera. La nueva fórmula de revisión del precio es vista como un avance, pero su verdadero impacto dependerá de cómo se aplique en la práctica.

Por ello, el sector se mantiene atento a la evolución de esta medida y a la actitud de los cargadores ante su puesta en marcha. La defensa de una aplicación efectiva será clave para que la revisión del precio del transporte se convierta en una herramienta real de equilibrio y no en una simple declaración de intenciones.

En definitiva, el CNTC celebra la nueva fórmula porque considera que puede contribuir a mejorar la estabilidad económica del transporte por carretera. Al mismo tiempo, rechaza las presiones de los cargadores y reclama respeto a una medida que busca proteger la viabilidad de las empresas transportistas y reforzar unas relaciones comerciales más justas.

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