Jaime Moreno como director general de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado a los principales a los grandes actores del sector del transporte de mercancías por carretera las líneas estratégicas del denominado Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera. Un plan que incluye ayudas al sector y proyectos para la digitalización de la actividad entre otros puntos favorables, pero que también recoge medidas muy polémicas y que no son del agrado del transporte.

El Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera trae una de cal y otra de arena. Y es que, aunque el plan se estructura en tres áreas de actuación e incluye medidas positivas para el sector, también recoge otras que no lo son tanto. Entre las primeras, la regulación de la carga y descarga, un programa de ayudas para la renovación de la flota o la construcción y mejora de aparcamientos para vehículos pesados o la creación de un distintivo de empresa responsable en el marco de la digitalización de las empresas de transporte.

Entre las segundas, cuestiones que generan una verdadera preocupación en las asociaciones de transporte. Y es que el Gobierno sigue decidido a ignorar al sector en dos cuestiones tan importantes como el establecimiento del pago por uso de las infraestructuras viarias de alta capacidad y la ampliación de los pesos y dimensiones de la actual flota de transporte. Esto se traduce en peajes por uso de las autovías y la aprobación del uso de los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura junto a la regulación de los dúo trailers de 31 metros y 70 toneladas.

Aunque es cierto que para la aprobación de este Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido a iniciar una serie de negociaciones con las organizaciones del sector, que estos temas estén encima de la mesa ya es preocupante. Más si cabe cuando en el proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que será remitido a Bruselas también aparecen estas cuestiones.