El Gobierno autoriza seis contratos para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en diez comunidades autónomas y 20 provincias

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar contratos por valor de 1.006 millones de euros, IVA no incluido, para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE).

La inversión, articulada a través de seis expedientes de contratación divididos en 29 lotes, permitirá actuar sobre cerca de 3.670 kilómetros de carreteras estatales, de los que 2.261 kilómetros corresponden a autovías. Los contratos tendrán una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años y una extensión adicional de hasta nueve meses.

Actuaciones en diez comunidades autónomas

Los trabajos se desarrollarán en diez comunidades autónomas y veinte provincias: Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Asturias, Galicia, Catalunya, La Rioja y Aragón.

El objetivo de estas actuaciones es garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad de la red viaria estatal, manteniendo la infraestructura en niveles adecuados de servicio para los usuarios y el transporte de mercancías y viajeros.

Catalunya y Castilla y León concentran las mayores inversiones

La distribución territorial de los contratos sitúa a Catalunya como la comunidad autónoma que recibirá la mayor inversión, con 216,32 millones de euros destinados al mantenimiento de distintos tramos de la AP-7, la AP-2 y la B-30 en las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.

Le sigue Castilla y León, con una inversión de 188,4 millones de euros para actuaciones en las provincias de Burgos, León, Valladolid y Soria. Los trabajos abarcarán vías estratégicas como la A-1, A-11, A-66, A-73, A-2 y diversas carreteras nacionales.

Castilla-La Mancha contará con una inversión de 183,9 millones de euros destinada a la conservación de infraestructuras en Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, incluyendo corredores clave como las autovías A-2, A-3, A-4, A-31 y A-43.

Por su parte, Aragón recibirá 148,68 millones de euros para actuaciones en distintos sectores de la provincia de Zaragoza, donde se trabajará sobre tramos de la AP-68, AP-2, A-2, A-68 y varias carreteras nacionales.

Inversiones previstas en el resto de territorios

En la Comunitat Valenciana se invertirán 83,78 millones de euros para actuaciones en las provincias de Alicante y Castellón. Los contratos contemplan trabajos en vías de gran intensidad de tráfico como la A-7, A-31, A-33, A-70 y diversas carreteras nacionales.

La Comunidad de Madrid dispondrá de 60,76 millones de euros para la conservación de varios tramos y vías de servicio de las autovías A-2 y A-4.

En La Rioja se destinarán 45,36 millones de euros a trabajos sobre la AP-68, la A-68 y sus conexiones con las autovías A-12 y LO-20.

Asturias contará con una inversión de 32,35 millones de euros para actuaciones en la A-63, la A-66, la N-630 y otras vías complementarias.

En Galicia se invertirán 26,58 millones de euros en el sector 3 de carreteras de la provincia de A Coruña, incluyendo la A-6 y las vías AC-10, AC-14 y AC-15.

Por último, Andalucía recibirá 20,42 millones de euros para la conservación del sector 3 de carreteras de la provincia de Huelva, donde se actuará sobre la A-49 y las carreteras N-435 y N-435A.

Un modelo de conservación que combina servicios y obras

Los contratos se desarrollan bajo el modelo mixto de conservación y explotación impulsado por el Ministerio de Transportes, que integra tanto actuaciones de mantenimiento como trabajos de mejora y gestión de la infraestructura.

Este sistema permite desarrollar tareas relacionadas con la vialidad ordinaria e invernal, la atención a incidencias, la ayuda a la explotación de la red, los estudios de seguridad vial y el mantenimiento de los distintos elementos que forman parte de la carretera.

El objetivo es garantizar que la Red de Carreteras del Estado mantenga unas condiciones óptimas de circulación, seguridad y disponibilidad para los usuarios y para la actividad económica vinculada al transporte.

Compromiso con la eficiencia energética y la descarbonización

Los nuevos contratos incorporan además criterios orientados a la sostenibilidad ambiental y la reducción de emisiones.

Entre las medidas previstas figuran actuaciones de autoconsumo energético, mejoras en la eficiencia de los sistemas de iluminación y la incorporación de vehículos eléctricos para la ejecución de los servicios.

Además, las empresas adjudicatarias deberán presentar durante los seis primeros meses de contrato un plan de descarbonización que incluya medidas de reducción y compensación de emisiones. El objetivo es alcanzar un balance neutro de carbono en todas las actividades vinculadas a la ejecución del contrato durante su periodo de vigencia.

Con esta nueva licitación, el Ministerio de Transportes refuerza su estrategia de conservación de la red viaria estatal, una infraestructura esencial para la movilidad de personas y para el transporte de mercancías por carretera en España.