La falta de un mantenimiento adecuado de la Red de Carreteras de España no ha hecho más que agravarse durante 2020, ejercicio marcado por la pandemia de COVID-19. Incluso si el volumen de desplazamientos se ha reducido de forma notable durante el pasado año, la inversión del Gobierno ha sido insuficiente y las carencias en el mantenimiento de las vías son todavía más palpables. En este aspecto, cabe señalar que España invierte de media 22.489 euros por kilómetro para la conservación de las carreteras.

Mientras que el presupuesto para el mantenimiento de la Red de Carreteras se antoja a todas luces insuficiente, los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no dejan de desviar la atención hacía el modelo de financiación. Lo que bien podría ser una solución para mejorar el estado de las carreteras del país, no deja de ser una manera discreta de introducir un modelo de peajes por uso para poder incorporar el mantenimiento de las autopistas que han caído en manos del Estado en los últimos meses por el cese de la concesión.

Sea como fuere, los números no engañan y un reciente estudio de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras determina que España está al final de la lista del gasto en mantenimiento viario de toda Europa. En concreto, España invierte de media 22.489 euros por kilómetro para la conservación de las carreteras, lo que le sitúa en última posición de los grandes países de Europa. De hecho, España está a ‘años luz’ de la inversión de Reino Unido (108.141 euros por kilómetros), Alemania (49.429 euros) o Francia (45.318 euros).

En este aspecto, el debate sobre qué hacer con la Red de Carreteras y la inclusión de las vías de alta capacidad que ha pasado a manos del Estado se dibuja desde la perspectiva del mayor volumen de vías de pago que hay en otros países. Y es que según Seopan, las primeras estimaciones señalan que la inclusión de estas vías de peaje en la Red de Carreteras del Estado con una cuota por uso se generarían unos ingresos de 12.649 millones de euros al año, cifra nada desdeñable para los intereses del Estado.