El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un proyecto para reforzar la inspección dentro del sector del transporte de mercancías por carretera, así como la formación de la mano de Tradime. A su vez, la autoridad regional ha mostrado su más profundo rechazo a un modelo de pago por uso de las autovías, ya que considera que este tipo de peajes serían un duro golpe para el transporte profesional. Así lo ha expresado la consejera aragonesa de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

En esta línea, la mencionada consejería ha llegado a un acuerdo con el presidente de Tradime para reforzar la inspección y atajar así los problemas de competencia desleal, ‘dumping’ social y de las empresas buzón que afecta al sector. También se hará especial incidencia en acabar con las prácticas de determinadas cooperativas de trabajo asociado y otras malas praxis que se llevan a cabo de forma habitual en la actividad y que afectan a las pequeñas y medianas empresas de transporte de mercancías por carretera de Aragón.

En la reunión entre la consejera y el presidente de Tradime, el máximo responsable de la patronal ha expuesto el problema existente por la falta de conductores y de un adecuado relevo generacional, proponiendo la creación de un aula de formación y un taller de prácticas profesionales. Una medida que ha sido aceptada por la consejera, por lo que la administración autonómica colaborará económicamente en su puesta en marcha. De esta forma, se espera formar a nuevos profesionales que puedan acceder al sector del transporte y la logística en los próximos años.

Más allá de las medidas inmediatas, el Gobierno de Aragón también ha mostrado su apoyo a la reivindicación de adelantar la edad de jubilación de los transportistas hasta los 60 años. De idéntico modo, la autoridad regional también apoya el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras y se opone a la propuesta del Gobierno central de impulsar un modelo de pago por uso de las autovías y vías de alta capacidad del Estado. Desde la administración aragonesa se entiende que una medida así supondría un nuevo golpe para el sector transporte muy difícil de asumir.