La pandemia de COVID-19 ha generado muchos estragos en el transporte de mercancías por carretera, aunque también ha expuesto a la sociedad el papel tan importante del sector. No han sido poco los responsables políticos y autoridades que han puesto en valor el trabajo que han realizado los profesionales del transporte durante el Estado de Alarma, algo que contrasta con algunas decisiones tomadas por los organismos gubernamentales o con los presupuestos que se dedican al mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado.

Si España quiere que el transporte de mercancías por carretera tenga un futuro, la apuesta por el sector debe ser consecuente. Y no está siendo así en muchos aspectos. Sin ir más lejos, una de las premisas más inmediatas es trabajar en mejorar el estado en el que se encuentran muchas de las carreteras. El último informe presentado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) es claro al respecto, el estado de conservación de las carreteras es malo y hay un serio déficit de inversión en la red viaria.

Según explica este informe, la inversión destinada por el Gobierno para la conservación y mantenimiento de la red de carreteras apenas ha crecido un 5% durante los dos últimos años, una situación que se traduce en la pérdida de buena parte del valor patrimonial en muy poco tiempo. Una situación que exige un enorme esfuerzo, ya que según los expertos de la AEC se necesita una inversión en los próximos años de unos 7.500 millones de euros, siendo un tercio de esta partida para las vías gestionadas por el Estado y el resto para apoyar a la conservación de las vías gestionadas por las Comunidades Autónomas.

Cabe destacar que este estudio de la AEC se ha formulado a partir del estado de las carreteras durante la segunda mitad de 2019, por lo que no tiene en cuenta los efectos económicos que ha generado la pandemia de COVID-19. Sea como fuere, eso no excluye que algunas de las conclusiones del texto confirmen que el 10% de las carreteras españolas presente un estado ‘muy deficiente’, lo que de alguna forma también causa un mayor volumen de emisiones de CO2. De hecho, la AEC calcula que esta circunstancia implica la liberación de unas 25 millones de toneladas extra de CO2 durante la pasada década.