La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros que ha sido acordada entre el Gobierno y los sindicatos dibuja un nuevo escenario en el sector del transporte profesional. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha explicado que la medida cuenta con el rechazo de la patronal del sector, ya que consideran que esta subida del SMI afecta a la supervivencia y liquidez de las compañías del sector, ya de por sí maltrecha por la subida del precio del Diésel.

El Gobierno ha cumplido con su compromiso con la Carta Social Europea y ha fijado el Salario Mínimo Interprofesional en 1.000 euros al mes con 14 pagas, con vigencia desde el 1 de enero de 2022. Esto significa que el nuevo SMI tendrá carácter retroactivo y será aplicable desde el primer mes cobrado del año. Una medida que mejorará la capacidad económica y adquisitiva de los trabajadores, pero que en el caso del sector transporte puede poner en dificultades a más de una empresa.

En esta línea, FENADISMER explica que el impacto de esta medida en el sector del transporte de mercancías por carretera a nivel nacional es bastante complejo. Las principales patronales del transporte y los empresarios no apoyan la subida ya que consideran que esta medida afecta a la supervivencia de las compañías del sector, algo que quedó patente al no formar parte de las últimas reuniones con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Y es que la situación es realmente difícil en el sector.

Los salarios de los chóferes no pueden ser inferiores al SMI de 1.000 euros al mes fijado por el Gobierno, por lo que el coste de cada trabajador para las empresas de transporte será mayor, así como las cotizaciones a la Seguridad Social. Los autónomos con personas asalariadas a su cargo tendrán que adaptarse igualmente a este SMI, lo que dificulta su supervivencia. Por último, esta medida puede desembocar en que más empresas españolas se establezcan en Europa del Este en busca de una menor presión fiscal.