No hay respuesta ni se la espera. La pregunta parlamentaria presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados sobre la reforma de la ley que permita la prohibición de la carga y descarga para conductores profesionales ha dejado claro que el Gobierno no tiene prisa ni especial interés en llegar a este punto y apela a las relaciones mercantiles entre las partes. Una situación que FENADISMER denuncia, recordando al Ministerio de Transportes que dicha prohibición ya estuvo recogida en la LOTT durante una década sin que se aplicase de manera efectiva.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y por extensión el Gobierno siguen echando balones fuera a la hora de contestar a la histórica reivindicación del transporte de mercancías por carretera para que se prohíba que los conductores participen de las labores de carga y descarga de los camiones. En un marco de escasez de chóferes debido a la falta de atractivo de la actividad, se antoja fundamenta acabar con las prácticas abusivas de cargadores y empresas en este apartado para evitar que la profesión sea todavía más dura y penosa.

Mientras que en otros países se ha modificado la ley para que exista una prohibición expresa de la realización de las tareas de carga y descarga por parte de los transportistas, siendo el último ejemplo Portugal, en España sigue sin darse el paso definitivo. Aunque sobre el papel existe un compromiso desde julio de 2019 con el sector transporte de regular esta situación, el Gobierno sigue sin presentar propuestas, dar fechas o iniciar cualquier movimiento que lleve a pensar que realmente está en su agenda prohibir la carga y descarga para los chóferes.

Detrás de esta falta de voluntad podría estar la presión que vienen ejerciendo las asociaciones de empresas cargadoras que se oponen totalmente a esta prohibición. Cabe recordar que, como se le escapó a un dirigente de una gran asociación de empresas cargadoras, el hecho de obligar a los conductores a realizar las tareas de carga y descarga supone un ahorro superior a los 2.000 millones de euros al año para el colectivo. Por este motivo, FENADISMER vuelve a pedir al Gobierno que atienda esta legítima reivindicación y proceda a su inmediata aprobación mediante Decreto Ley.