El fuerte aumento del absentismo laboral en los últimos cinco años ha llevado a Foment del Treball a plantear una reforma profunda del sistema de incapacidad temporal. La patronal propone reducir a la mitad la incidencia del absentismo, rebajar los costes que soportan las empresas y recuperar el despido objetivo para trabajadores que acumulen bajas intermitentes o de larga duración, aunque estén justificadas médicamente.

El absentismo ha crecido con fuerza en el conjunto de España y especialmente en Cataluña durante los últimos cinco años. La principal causa son las incapacidades temporales por contingencias comunes, es decir, las bajas vinculadas a enfermedades que no tienen relación con la actividad profesional. En Cataluña, este tipo de procesos se ha duplicado desde 2020.

La magnitud del fenómeno queda reflejada en una cifra especialmente significativa: cada día 1,4 millones de asalariados no acuden a su puesto de trabajo.

Ante este escenario, Foment del Treball ha presentado un conjunto de propuestas con un doble objetivo: reducir a la mitad la incidencia del absentismo y recuperar los niveles anteriores a la pandemia, al tiempo que busca reducir la carga económica que soportan las empresas por los trabajadores ausentes.

Un coste de 33.280 millones de euros

Según los datos presentados por la patronal, el coste de las incapacidades temporales por contingencias comunes alcanza los 33.280 millones de euros. De esta cantidad, aproximadamente 17.000 millones son asumidos directamente por las empresas. “La mitad de esta cifra, unos 17.000 millones, la asumen las empresas”, señaló el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, durante la presentación del libro blanco sobre absentismo.

El dirigente estuvo acompañado por la directora de Relaciones Laborales de Foment, Yésika Aguilar, y por el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de Barcelona, Jordi Garcia, ambos coautores del estudio.

Foment quiere reducir los costes empresariales de las bajas

La normativa actual obliga a las empresas a asumir íntegramente las cotizaciones de los empleados afectados por una incapacidad temporal. Además, las compañías pagan directamente los subsidios correspondientes desde el cuarto hasta el decimoquinto día de baja y realizan el pago de forma delegada a partir de ese momento.

A ello se suma que numerosos convenios colectivos contemplan complementos que permiten que un trabajador de baja pueda llegar a percibir una retribución equivalente a la de un empleado en activo. Foment considera que este sistema puede desincentivar el regreso al puesto de trabajo y propone abrir un gran pacto entre empresas, sindicatos y Administración para revisar el reparto de estos costes.

Entre las alternativas planteadas figura que las entidades gestoras o las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social asuman estos pagos, siempre que dispongan de financiación suficiente para hacerlo. La patronal también reclama la eliminación progresiva de los complementos por incapacidad temporal recogidos en los convenios colectivos, así como de las cotizaciones empresariales durante el periodo de baja.

Recuperar el despido objetivo por bajas reiteradas

La propuesta más controvertida pasa por recuperar el despido objetivo, con una indemnización de 20 días por año trabajado, para empleados que acumulen bajas intermitentes o permanezcan durante un periodo muy prolongado en incapacidad temporal. Foment no ha concretado todavía cuáles deberían ser los plazos que permitirían aplicar esta medida, aunque sí ha precisado que quedarían excluidos los casos de discapacidad.

Esta posibilidad fue flexibilizada durante la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 y posteriormente fue derogada por el actual Gobierno. La recuperación de esta figura se presenta como uno de los puntos más delicados del debate, especialmente porque los sindicatos se han opuesto hasta ahora a reabrir las causas de despido vinculadas a las ausencias laborales.

Más capacidad para las mutuas

Foment también propone reforzar el papel de las mutuas, que prestan servicios relacionados con contingencias comunes al 80% del tejido productivo. Entre las medidas planteadas figura permitir que estas entidades puedan conceder el alta médica, además de mejorar la atención en los ambulatorios, reforzar los sistemas de inspección y seguimiento y reducir la duración máxima de las bajas comunes.

La patronal también plantea introducir fórmulas que permitan una reincorporación progresiva al puesto de trabajo, de manera que el regreso a la actividad no tenga que producirse necesariamente de forma inmediata y completa. El documento incluye además una llamada a “recuperar valores relativos al esfuerzo, el compromiso con el trabajo y la responsabilidad en la ejecución de la prestación de servicios”.

9,1 millones de bajas en España durante 2025

Los datos presentados muestran la dimensión que ha alcanzado la incapacidad temporal por contingencias comunes. En 2025 se iniciaron en España 9,1 millones de procesos de baja, un 7,56% más que el año anterior. En 2019 se habían registrado 5,9 millones. La evolución en Cataluña ha sido todavía más significativa. Durante 2025 se contabilizaron 2,3 millones de expedientes por incapacidad temporal, frente a los 1,1 millones registrados en 2019.

Estas cifras son la base sobre la que Foment plantea revisar el modelo actual y abrir un debate sobre el reparto de costes, el papel de las mutuas y los mecanismos disponibles para reducir el absentismo laboral.