La crisis del COVID-19 provoca un gran aumento de los camiones parados

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre Política de transportes

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha desarticulado al sector del transporte de mercancías por carretera. Con un enorme descenso de la actividad en un marco de casi total paralización del sector, cientos de empresas se han visto en la tesitura de tener una gran cantidad de camiones parados, algo que se traduce en una bajada en los precios del transporte por una mera cuestión de oferta y demanda. Fruto de esta situación, un 40% de las empresas del sector se han acogido a un ERTE.

La paralización del sector deja de dos escenas que reflejan a la perfección la difícil situación que están viviendo los profesionales y empresas de transporte. La primera son los miles de camiones parados por la drástica bajada del volumen de servicios a realizar. Si bien este descenso se refleja de forma desigual según cada segmento, la realidad es que la situación global amenaza con atenazar toda la actividad económica del sector si la situación se prolonga. Esta situación, durante mucho tiempo, se haría del todo insostenible.

La segunda escena de la crisis, asociada a esta falta de movimiento, es el aumento de lo que se denomina como capacidad de transporte. No obstante, la disponibilidad de vehículos pesados de carga durante el mes de abril ha crecido un 70,39% en cuota interanual. Esto significa que, con una oferta disparada por la gran disponibilidad de camiones, los precios siguen una tendencia inversa y sufren una notable caída del 12,18 %. Esta situación rompe, sin lugar a dudas, con la tendencia que reflejaba el sector antes de la crisis.

Como no puede ser de otra forma, esta elevada tasa de camiones parados, la falta de servicios y el precio a la baja de estos ha obligado a las empresas del sector a realizar procesos de ERTE entre sus plantillas. Según los datos recogidos por Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), un 40% de las empresas del sector se han visto obligadas a realizar algún tipo de regulación de empleo (ERTE u otras medidas) desde que comenzó la crisis. Estos procesos habrían afectado al 18% por del sector, a unas 108.000 personas.

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