La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que señala algunos puntos críticos del nuevo Proyecto de Orden Ministerial (POM) con la que se pretende regular y armonizar la duración, contenido y requisitos de los cursos destinados a la recuperación de puntos para el carnet de conducir. Desde la CNMC alertan sobre posibles efectos negativos de la normativa tanto en términos de competencia como en relación a un posible aumento de costes.

Aunque la CNMC valora de forma positiva la ausencia de limitaciones en cuanto al número de operadores que pueden llevar a cabo estos cursos, así como el hecho de que no se fijen unas tarifas establecidas, ya que estas dos cuestiones fomentan la competencia dentro del sector, el organismo también señala que hay algunos requisitos que podrían incrementar los costes, en especial para los centros ubicados en zonas de menor demanda -entornos rurales-, lo que se podría terminar derivando en una concentración de la actividad y precios más altos.

En este sentido, la CNMC recomienda simplificar los trámites de certificación de los centros que imparten estos cursos de recuperación de puntos del carnet. A su vez, también se cree que puede ser adecuado permitir la formación conjunta de alumnos de distintos cursos en los temas comunes, así como flexibilizar la modalidad de impartición de la parte teórica del curso, dibujando opciones presenciales, online o híbridas que permitan una mayor adaptabilidad a las circunstancias de cada conductor. Señala la CNMC la importancia de replantear las ratios de alumno por curso y monitor y la aportación de vehículos por parte de los alumnos.

El informe también pone el foco en la enorme complejidad y exigencia que existe, a nivel de requisitos, para ejercer de monitor de estos cursos de recuperación de puntos para el carnet. De hecho, según la CNMC, los requisitos son superiores incluso a los establecidos para ser profesor de autoescuela, lo que no deja de ser llamativo. Asimismo, el organismo señala que los requisitos parecen regularse de manera transitoria y sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad para profesiones reguladas, tal y como exige la ley.