El Grupo Parlamentario VOX ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Cadena del Transporte, recurso aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 28 de noviembre. De esta forma, VOX pone en tela de juicio las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte publicado el pasado 1 de agosto al cuestionar la legalidad de algunas de las medidas regulatorias que se incluyen en una ley diseñada para reequilibrar las relaciones comerciales en el sector.

El Real Decreto-Ley 14/2022 del 1 de agosto recoge medidas para la sostenibilidad económica del transporte, nacidas de las intensas negociaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los representantes de las organizaciones que dan forma al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Entre las cuestiones aprobadas por la ley la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, la obligatoriedad por escrito de la contratación de servicios de transporte y la prohibición del desarrollo de estos servicios por debajo de costes.

Pese a que las medidas de la Ley de la Cadena de Transporte se han demostrado efectivas en cuestiones como los plazos medios de pago en el sector, VOX ha alegado que las medidas que se han adoptado afectan a la libertad de empresa, ya que a su entender la actividad que llevan a cabo las empresas de transporte debe ejercerse en todo momento en libre competencia y sin imposiciones sobre las decisiones empresariales.

Aunque la admisión de este recurso de inconstitucionalidad se ha llevado a cabo tal y como indica la legislación, al cumplir todos los requisitos formales exigidos tras su presentación por un mínimo de cincuenta diputados, esto no quiere decir que la Ley de la Cadena de Transporte quede anulada o suspendida. Por ende, la aplicación de las medidas que contiene la norma no se ve afectada por el momento, algo que no se producirá hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.