Los países de Europa del Este están valorando apelar la reforma del Paquete de Movilidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda vez que entiende que se trata de una medida perjudicial para sus empresas. La normativa, promovida principalmente por Francia, Bélgica y los Países Bajos, atenta contra la competitividad de las compañías de transporte que tienen su sede en estos países según señalan sus responsables, ya que los camiones deben regresar a las instalaciones de la compañía cada ocho semanas.

Pese a que el Paquete de Movilidad promovido por el Parlamento Europeo intenta combatir contra las ‘empresas buzón’, lo cierto es que esta medida ha sido recibida con división de opiniones entre los países miembros. Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, Malta y Chipre han sido los más críticos con la reforma que se aprobó el pasado 21 de enero en la Comisión de Transporte y Turismo de la Unión Europea. De hecho, estos países quieren que se introduzcan nuevos cambios en el reglamento.

Si hay algo que une a estos países es que su Renta per cápita es más baja que las grandes potencias del continente. Por esta razón, el transporte de mercancías por carretera se antoja como un sector clave, ya que pueden hacer crecer sus economías a costa de ofrecer precios más competitivos que los que se dan en los países más fuertes. En el otro lado de la moneda, las grandes economías europeas defienden el interés de sus compañías, evitando la proliferación de ‘empresas buzón’ que tienen su sede en los países de Europa del Este de forma testimonial.

En este cruce de intereses está un Paquete de Movilidad que, entre otras cosas, ha modificado las condiciones para intentar mejorar las condiciones de descanso de los conductores. En este aspecto, cabe recordar que los conductores deberán regresar a su país de origen en intervalos de tres a cuatro semanas, con un descanso semanal fuera del vehículo de al menos 45 horas. A su vez, los camiones que realizan transportes internacionales deben regresar al país de origen de sus empresas cada ocho semanas.

La conocida ya como norma de ‘las ocho semanas’, promovida contra el ‘dumping social’ para que las compañías de transporte no fijen su sede en países con impuestos más bajos sin que operen en los mismos, se ha convertido en un dolor de cabeza para los países del Este. Y es que las empresas que sí tienen su base y una actividad real en esta región deberán hacer volver a sus camiones cada dos meses, lo que les resta competitividad y aumenta la huella de carbono que generan al volver los vehículos vacíos en la mayoría de los casos.