Las comunidades refuerzan este lunes la vigilancia en puertos y polígonos ante la huelga de transportistas

La Delegación del Gobierno en Galicia ha activado un dispositivo de refuerzo de vigilancia en puertos y polígonos gallegos para tratar de garantizar «el derecho a trabajar de los transportistas y el suministro a puntos de venta y áreas comerciales» ante el paro indefinido convocado por parte de una plataforma del sector del transporte a partir de este lunes.

Para este operativo, no se ha concretado el número de agentes, pero el delegado del Gobierno, José Miñones, junto con los responsables autonómicos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han asegurado que se desplegarán medios en puertos, polígonos industriales y otras zonas de especial importancia logística para vigilar el cumplimiento del derecho a trabajar de los transportistas en Galicia, así como garantizar el suministro a puntos de venta, supermercados y superficies comerciales.

Por provincias, la subdelegación del Gobierno en Lugo ha avanzado que la Policía Nacional y la Guardia Civil reforzarán la presencia de agentes en las principales vías de comunicación de la provincia, en los accesos a los polígonos industriales, así como en los puertos de Burela y Celeiro.

En el caso de Pontevedra, los dispositivos especiales tendrán lugar en los puertos de Vigo, Marín y Vilagarcía de Arousa, además de en los polígonos industriales con mayor actividad relacionada con el transporte de mercancías.

En A Coruña y Ourense no se han especificado zonas concretas, pero sí confirman que se reforzará la vigilancia y desplegarán agentes en zonas de especial importancia logística.

Más de 3.300 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y técnicos de los centros de coordinación del Tráfico en Andalucía componen el dispositivo de seguridad para garantizar la normalidad durante las jornadas de paros anunciados por una parte del sector del transporte por carretera.

«El objetivo principal es velar por la seguridad de las personas y de los trabajadores, además de preservar la cadena de suministros a la población y a los sectores estratégicos» ha explicado a través de un comunicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha manifestado que se debe mantener el equilibrio entre «la reivindicación legítima de cualquier colectivo y el derecho al trabajo» y por esto ha pedido a los convocantes «responsabilidad y respeto a los trabajadores, empresas y pymes que no quieran apoyar los paros». «Ante cualquier incumplimiento de la ley la respuesta será contundente» ha remarcado Fernández.

Ya se ha diseñado una organización en mesas de coordinación en cada una de las subdelegaciones del Gobierno y en la delegación del Gobierno que, siguiendo el modelo de la estructura nacional, realizarán un seguimiento de los paros y mantendrán una comunicación continua con las FCSE, las empresas de logística y transporte, distribuidoras de alimentación y productos y centros logísticos.

Se han establecido canales de comunicación directos entre sectores productivos y de logística y Policía Nacional y Guardia Civil para, en el caso que sea preciso, realizar el acompañamiento de convoyes de mercancías y se mantendrá una vigilancia continua de las vías a través de los sistemas de video vigilancia de la Dirección General de Tráfico.

Previamente, durante esta semana, el delegado del Gobierno ha mantenido reuniones con los mandos de las jefaturas superiores de Andalucía Oriental y Occidental de la Policía Nacional, la IV Zona de la Guardia Civil, las subdelegaciones del Gobierno de España en Andalucía y la patronal agroalimentaria y de otros servicios básicos en Andalucía con los objetivos de preparar los procedimientos de actuación y establecer cauces de comunicación e información que permitan una respuesta ágil en cada momento.

Fernández ha insistido en que «el sector del transporte cuenta con el apoyo del Gobierno de España. Ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros, está siendo especialmente beneficiado del descuento al transporte y se ha aprobado una ley que garantiza que los transportistas no realicen su trabajo por debajo del precio de coste. Es fundamental que los empresarios denuncien el incumplimiento de la ley para que la inspección pueda actuar».