La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) valora positivamente que la Comisión Europea haya incorporado el pago puntual y la posibilidad de abonar directamente a los subcontratistas en su nueva propuesta sobre contratación pública. La organización reclama, sin embargo, que las garantías de cobro se apliquen de forma obligatoria a toda la cadena y no queden sujetas a la decisión de cada Administración.

La PMcM ha celebrado los avances incluidos en la nueva propuesta de Reglamento europeo sobre contratos públicos y concesiones, presentada por la Comisión Europea el 9 de septiembre de 2026. El proyecto plantea sustituir las actuales directivas de contratación pública por un único reglamento directamente aplicable en la Unión Europea.

Entre las medidas destacadas por la Plataforma figura la obligación de los compradores públicos de garantizar el pago puntual a los contratistas y, cuando corresponda, también a los subcontratistas.

Además, la propuesta contempla que, a petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, la Administración pueda pagar directamente las cantidades pendientes correspondientes a los trabajos, suministros o servicios realizados para el contratista principal.

Para la PMcM, esta posibilidad supone un avance en una reivindicación que la organización viene defendiendo desde hace tiempo: conseguir que los fondos abonados por las Administraciones lleguen en plazo a las pymes y autónomos que participan en la ejecución de los contratos públicos.

Antoni Cañete, presidente de la PMcM, destaca que la medida refuerza la protección de las empresas situadas al final de la cadena y recuerda que pagar al adjudicatario principal no garantiza por sí solo que los subcontratistas cobren a tiempo.

La organización también plantea que debería estudiarse la posibilidad de que la solicitud de pago directo realizada por el subcontratista tenga carácter confidencial, con el objetivo de evitar posibles abusos por parte del contratista principal.

Pese a valorar favorablemente el planteamiento europeo, la Plataforma considera que existe un aspecto fundamental que debería reforzarse durante la tramitación. La propuesta permite que las Administraciones establezcan como condición de ejecución que los contratistas trasladen a su cadena de suministro condiciones de pago equivalentes a las establecidas por la normativa europea contra la morosidad. Sin embargo, esta posibilidad no aparece configurada como una obligación.

La PMcM reclama que esta disposición tenga carácter obligatorio para garantizar que los plazos y las garantías de pago se respeten en todos los niveles de la contratación pública. También propone concretar en qué situaciones puede aplicarse el pago directo al subcontratista, impedir que las objeciones del contratista principal puedan retrasar injustificadamente el cobro y establecer un procedimiento sencillo, rápido y homogéneo.

Según Cañete, cuando una Administración paga puntualmente al contratista principal pero este retrasa los pagos a sus proveedores, la morosidad no desaparece, sino que se desplaza hacia otros eslabones de la cadena.

La PMcM respalda sus reivindicaciones con los resultados de su Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025. Según estos datos, las Administraciones Públicas pagaron a una media de 70 días durante 2025, frente al máximo legal de 30 días señalado por la Plataforma. El plazo medio e