FENADISMER continúa con su particular ‘cruzada’ por conseguir un sector del transporte de mercancías por carretera más justo. Tras dar los primeros pasos en el macropleito contra el ‘Cártel de las Petroleras’ e iniciar una campaña de respaldo legal para transportistas con objeto de acabar con los precios que no cubren los costes de explotación, la Federación ha iniciado una reclamación colectiva por el sobreprecio pactado en más de medio millón de furgonetas que fueron vendidas en España entre los ejercicios de 2006 y 2013.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha entrado en una fase de batalla legal contra algunas de las injusticias más flagrantes del sector transporte. El pacto de precios de fabricantes de camiones y petroleras o los cargadores, clientes y empresas que no cubren los gastos de explotación de los transportistas están bajo el foco de FENADISMER. El caso del sobrecoste pactado de las furgonetas abre un nuevo episodio de estas batallas legales con objeto de defender a los transportistas de los abusos de grandes empresas.

En este aspecto, FENADISMER estima que un total de 21 fabricantes de furgonetas pactaron un sobreprecio de un 10% a un 15% del valor de los vehículos entre 2006 y 2013, cifra a la que hay que sumar los correspondientes intereses en los vehículos pagados a plazos. En este aspecto, la patronal fundamenta su acción judicial en las sucesivas sentencias dictadas a lo largo del pasado año por el Tribunal Supremo ratificando la Resolución de 2015 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que condenaba con una multa de 171 millones de euros a la práctica totalidad de marcas que venden vehículos automóviles en España.

Los 21 fabricantes han estado operando, según FENADISMER, a través de la puesta en común entre ellas de información con el fin de elevar artificialmente el precio final del más de medio millón de vehículos vendidos entre 2006 y 2013 por un valor del 10 al 15%. Por ese motivo, FENADISMER facilita la incorporación a esta reclamación a todos los transportistas que compraron furgonetas y vehículos derivados de turismos con la promesa de recibir el 75% de la indemnización que se obtenga sin asumir coste alguno durante todo el procedimiento.