El Tribunal Supremo ha solicitado a la Comisión Europea el dictamen motivado sobre la prórroga de la concesión de la AP-9, un documento que considera relevante para resolver el procedimiento impulsado por la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor). La justicia española quiere determinar si las posibles infracciones de la normativa europea pueden justificar la revisión de oficio de las ampliaciones de la concesión.

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en el procedimiento judicial abierto en torno a las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9, una infraestructura especialmente relevante para la movilidad y el transporte por carretera en Galicia.

La Sala ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que valore la posibilidad de remitir el dictamen motivado elaborado dentro del procedimiento de infracción abierto contra España por las ampliaciones de la concesión.

El origen del litigio se encuentra en el recurso presentado por Apetamcor, después de que el Consejo de Ministros inadmitiera a trámite, a finales de 2025, su petición para revisar de oficio las prórrogas concedidas a la autopista.

La organización empresarial reclamó durante el procedimiento judicial una copia del dictamen europeo con el objetivo de incorporarlo como prueba y respaldar su petición de revisión de la concesión.

El Supremo deja claro que un dictamen de la Comisión Europea no tiene capacidad jurídica directa para anular por sí solo las decisiones adoptadas sobre la concesión de la AP-9. Sin embargo, el tribunal considera que el documento puede resultar relevante para determinar si se produjeron infracciones de las normas de la Unión Europea con entidad suficiente para justificar una eventual nulidad de pleno derecho.

En su resolución, el Supremo señala que el dictamen puede ser tenido en cuenta como un elemento adicional a la hora de analizar la legalidad de las ampliaciones de la concesión cuestionadas por Apetamcor.

La decisión supone un cambio respecto a la situación registrada meses atrás. En mayo, el Tribunal Supremo había aceptado la negativa del Gobierno a facilitar el documento al considerar que no formaba parte estrictamente del expediente administrativo correspondiente a la solicitud de revisión. Ahora, sin embargo, el tribunal admite su posible incorporación como medio de prueba dentro del procedimiento judicial.

La última palabra sobre la entrega del dictamen corresponde, en todo caso, a la Comisión Europea. El Supremo considera que es Bruselas quien debe determinar si existen razones que impidan facilitar el documento mientras continúa abierto el procedimiento comunitario. Por este motivo, ha acordado remitir un oficio a la Comisión para que valore si procede entregar el dictamen solicitado.

El procedimiento europeo tiene su origen en las ampliaciones de la concesión de la AP-9. La Comisión Europea considera que estas modificaciones vulneraron las reglas comunitarias sobre contratación pública y concesiones, al haberse ampliado la duración de la explotación sin convocar un nuevo procedimiento competitivo.

La controversia afecta especialmente a la ampliación aprobada en el año 2000, durante el Gobierno de José María Aznar, que extendió durante 25 años adicionales la concesión de la autopista. Tras las diferentes ampliaciones aprobadas, la concesión de la AP-9 permanece actualmente vigente y tiene previsto finalizar en agosto de 2048.

El procedimiento impulsado por Apetamcor busca que se revise de oficio esa decisión. La petición del Supremo a Bruselas abre ahora la posibilidad de que el contenido del dictamen europeo se incorpore como una prueba más antes de que el alto tribunal adopte una decisión sobre el fondo del recurso.