El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y mediante un real decreto, ha actualizado la normativa sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (RCE).

Entre sus principales novedades destaca la ampliación del ámbito de aplicación de la norma, la modificación de procedimientos de gestión de la seguridad en las infraestructuras viarias o el refuerzo de la consideración de los usuarios vulnerables de la vía pública en dichos procedimientos.

Con todo ello, el Ejecutivo pretende, entre otros objetivos, garantizar un incremento del nivel de seguridad en las carreteras y alcanzar los objetivos comunitarios de reducción de víctimas en accidentes de tráfico en las próximas décadas, con la consiguiente mejora de la seguridad vial.

De esta forma, se transpone al ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 por la que se modifica la directiva anterior sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.

Además, la Comisión Europea ha abierto una consulta a los actores del sector de transporte para definir los parámetros de la transición del sector de la movilidad, una cuestión que permanecerá abierta hasta finales de marzo y que busca la colaboración de las partes implicadas: desde los proveedores de automoción, al transporte marítimo y ferroviario.

Bruselas espera que los distintos agentes del sector contribuyan a definir una hoja de ruta que esté lista a finales de 2022 y que contemple los costes, las necesidades y las condiciones que deben acompañar a la transformación industrial del sector de la movilidad.

Bruselas presentó una propuesta para efectuar una transformación en diferentes ámbitos estratégicos en el marco de la Actualización de la Estrategia Industrial, como parte de los esfuerzos para acelerar la transición verde y digital en el mercado comunitario.

En este marco, la Comisión Europea ha pedido a las compañías del sector del transporte, administraciones públicas, agentes sociales e instituciones de investigación que contribuyan con sus perspectivas para efectuar la transición verde y digital a la par que se aumenta su solidez.