Las Comunidades Autónomas pueden empezar a publicar la convocatoria de la línea de ayudas aprobada por el Gobierno central en noviembre para la renovación de las flotas de transporte por carretera hacia vehículos menos contaminantes. Conocida también como línea de ayudas para el achatarramiento de camiones y autobuses usados para la compra de vehículos eléctricos o de hidrógeno, este programa de ayudas bajo gestión de las autonomías cuenta con una partida de 174 millones de euros, cifra ampliable hasta los 400 millones en los próximos ejercicios.

Siguiendo con el plan previsto, las Comunidades Autónomas deben publicar en las próximas semanas las convocatorias de este plan de ayudas aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto Ley este pasado martes para el achatarramiento de camiones y autobuses, así como para la compra de vehículos nuevos -eléctricos o de hidrogeno, no de gas-. Eso sí, los requerimientos inicialmente previstos para el achatarramiento de camiones y autobuses se han flexibilizado, eximiendo la obligación de que los vehículos a achatarrar tengan la ITV en vigor.

En este aspecto, cabe señalar que algunas Comunidades Autónomas ya han puesto en marcha los mecanismos necesarios para realizar las convocatorias de estas ayudas, mientras que otras autonomías lo harán en las próximas semanas. En todos los casos se contempla tanto el achatarramiento de camiones y autobuses antiguos -matriculados antes de 2019-, como la compra de unidades nuevas con trenes motrices electrificados o con pila de combustible de hidrógeno y la conversación de los actuales motores Diésel hacia vehículos con otro tipo de mecánicas verdes.

A pesar de las quejas del sector transporte, esta línea de ayudas no contempla la adquisición de camiones Diésel nuevos de última generación, como tampoco la compra de camiones que estén propulsados por GNL o GNC. Por el contrario, sí se podrán beneficiarse de estas ayudas los usuarios y empresas que compren autobuses propulsados por gas, situación que ha creado cierto malestar en el sector del transporte de mercancías por carretera por un más que posible reparto poco equitativo del presupuesto.