Los chóferes profesionales se quejan de las exigentes restricciones aplicadas por Reino Unido

El sector del transporte alerta de que un Brexit sin acuerdo crearía colas de 1.000 kilómetros en la frontera

La teoría dice que Reino Unido ha reducido las exigencias a los transportistas profesionales en el desarrollo de su actividad. Fruto de esta política, ya no existe la exigencia de presentar el permiso KAP de acceso a la región de Kent. Sin embargo, los conductores denuncian que la situación es muy distinta, ya que los transportistas tienen limitados sus movimientos y desde el pasado 6 de abril están sujetos a presentar pruebas de COVID-19 para entrar al país, además de tener la obligatoriedad de permanecer aislados en las cabinas de sus vehículos.

Aunque las exigencias documentales como consecuencia del ‘Brexit’ han decrecido, lo cierto es que la postura de Reino Unido frente al COVID-19 sigue siendo tajante. Así lo ha denunciado el conductor Emilio Aparisi, uno de los chóferes afectados por las medidas de control impuestas por el Gobierno británico desde el pasado 6 de abril. Medidas que pasan por presentar un test negativo de COVID-19 y permanecer aislados en la cabina de su vehículo, limitando al máximo sus movimientos mientras sigan en territorio británico. El sentimiento en el colectivo es que son tratados como si tuvieran peste.

Emilio Aparisi, conductor de Calasparra (Murcia), asegura que este tipo de imposiciones y la propia movilidad de los conductores son suficientes para defender la necesidad de vacunar al colectivo contra el COVID-19, asegurando así la libertad de movimientos y de acción en el transporte internacional. Al final, en la región de Kent se acaban juntando día tras día casi 30.000 chóferes, quince mil procedentes de Europa y otros quince mil dedicados al transporte nacional.

La clave es que los conductores de servicios internacionales que permanezcan en el país mas de 48 horas deben presentar una prueba PCR negativa y estar sometidos a un test adicional cada tres días. Por mucho que estas pruebas se realicen de forma gratuita en puntos de control habilitados por el Gobierno de Boris Johnson, al final, esto limita los movimientos de los choferes. Igual lo hace la obligatoriedad de permanecer en la cabina del camión, sin acceso a las instalaciones de las empresas u oficinas. La multa por incumplir estas medidas es de 1.000 libras esterlinas, unos 1.500 euros.

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