La Comisión Europea ha situado al transporte por carretera entre los sectores prioritarios de su nuevo Plan de Acción para la Electrificación. La iniciativa contempla medidas específicas para acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos pesados, facilitar las inversiones y reducir el coste de la electricidad para los operadores.

El nuevo plan comunitario busca acelerar la sustitución de los combustibles fósiles por electricidad en el transporte, la industria y los edificios. Bruselas considera que este proceso puede contribuir a reforzar la competitividad europea, mejorar la seguridad energética y contener los precios de la energía.

En el caso del transporte comercial por carretera, la Comisión Europea reconoce que la expansión de los vehículos pesados eléctricos exige un marco más estable para las empresas y los inversores. Entre los principales obstáculos se encuentran el elevado coste inicial de los vehículos de cero emisiones y las dificultades para acceder a puntos de recarga adaptados a las necesidades operativas del sector.

La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha valorado positivamente que el plan identifique estas barreras y contemple financiación adicional para las infraestructuras de recarga, incluidas las instalaciones situadas en las propias bases de las empresas de transporte.

Una de las principales actuaciones será la revisión del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR) antes de que termine 2026. Durante este proceso, la Comisión recopilará información para evaluar las necesidades de recarga en las bases operativas y actualizará las especificaciones comunes aplicables tanto a los puntos públicos como a las instalaciones privadas. El objetivo es garantizar la interoperabilidad de las infraestructuras y facilitar su utilización por parte de los transportistas.

Para la IRU, la revisión del AFIR representa una oportunidad para establecer un marco más favorable para los puntos de recarga privados y semiprivados ubicados en bases de transporte y centros logísticos. Raluca Marian, directora de Relaciones con la Unión Europea de la IRU, sostiene que un marco simplificado para estas instalaciones sería decisivo para incentivar la inversión de los operadores y ayudar a los Estados miembros a cumplir los objetivos comunitarios.

El plan también incorpora reformas específicas del mercado eléctrico europeo. La Comisión pretende reducir el precio de la electricidad mediante unas tarifas de red más eficientes, un mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes y un tratamiento fiscal más favorable, dentro del actual marco europeo de imposición energética. Bruselas propone, además, que los Estados miembros puedan dar prioridad en el acceso a la red a determinados usuarios estratégicos, entre ellos las empresas del sector del transporte, cuando la capacidad disponible sea limitada.

Esta prioridad también podría aplicarse a los operadores que contribuyan a mejorar la flexibilidad de la red mediante sistemas de almacenamiento energético, generación de energía limpia en sus instalaciones o una gestión más eficiente de la demanda. Según la IRU, estas medidas pueden reducir los costes energéticos de las empresas y mejorar la viabilidad económica de la inversión en camiones eléctricos y otros vehículos pesados de cero emisiones. La Comisión Europea quiere impulsar un despliegue más coordinado de la infraestructura de recarga para vehículos pesados en toda la Unión Europea.

De forma paralela a la revisión del AFIR, está previsto ampliar la iniciativa Clean Transport Corridors a nuevos corredores de la Red Transeuropea de Transporte, conocida como red TEN-T. También se facilitará el acceso a financiación para reducir el riesgo asociado a la construcción y explotación de estaciones de recarga para vehículos pesados.

La IRU considera fundamental que estas inversiones vayan acompañadas de condiciones que permitan a las empresas afrontar la transición. Raluca Marian advierte de que los objetivos de reducción de CO₂ ya son ambiciosos y que los operadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, necesitan estabilidad, ayudas a la inversión y una infraestructura suficiente para poder renovar sus flotas.

El Plan de Acción anuncia igualmente una recomendación de la Comisión sobre incentivos fiscales y no fiscales destinados a fomentar la demanda de vehículos de cero emisiones. Esta recomendación deberá presentarse antes de que finalice 2026.

Además, Bruselas revisará la Directiva de Vehículos Limpios antes de que termine 2027. El análisis servirá para evaluar los objetivos actuales y estudiar un posible refuerzo de los requisitos aplicados a la contratación pública de vehículos de cero emisiones.

La IRU reclama que la Comisión utilice las mejores prácticas desarrolladas en los distintos países europeos para orientar a los Estados miembros en la creación de programas nacionales de ayuda claros y eficaces. El objetivo es que las empresas puedan planificar sus inversiones con mayor seguridad.

La Comisión Europea estudia establecer un objetivo indicativo de electrificación del 46% para 2040 en el conjunto de la Unión Europea. Ante este escenario, la IRU recuerda que el transporte por carretera ya está sujeto a exigentes objetivos de descarbonización. Por ello, considera que la prioridad debe ser crear los incentivos financieros y las condiciones operativas necesarias para que las empresas puedan cumplirlos. Para el sector, la disponibilidad de infraestructura, el acceso a la red eléctrica, el precio de la energía y las ayudas a la renovación de flotas serán elementos determinantes para que la electrificación del transporte pesado pueda avanzar de forma viable.