El transporte de mercancías por carretera de Cataluña se las prometía muy felices con el fin de los peajes de la AP-7. Sin embargo, lo que sobre el papel tenía que ser una medida favorable al sector, en realidad vuelve a afectar al normal desarrollo de la actividad. Ante el levantamiento de los peajes de la AP-7 y los importantes atascos que se dieron el pasado fin de semana por la falta de planificación, el Servicio de Tráfico Catalán ha decidido prohibir la circulación de camiones por la autovía todos los domingos del mes de septiembre.

FENADISMER y CETM, así como las asociaciones de transporte catalanas, catalogan esta medida como irracional. Una nueva afrenta al transporte profesional que puede tener consecuencias catastróficas para el desarrollo de la actividad en la región y a nivel nacional. Y es que las restricciones que propone el Servicio Catalán de Tráfico para camiones en la AP-7 todos los domingos de septiembre entre las 17 y las 22 horas -en el tramo comprendido entre Maçanet de la Selva y L’Hospitalet de I’infant- no tienen en cuenta las necesidades del transporte de mercancías por carretera.

Desde las asociaciones representativas del sector y la patronal se acusa al Gobierno catalán de poner en marcha esta prohibición a sabiendas de que los camiones no fueron los causantes de las importantes retenciones que se han producido en la vía desde la liberalización de la misma. Por ende, se entiende que es un pretexto del Servicio de Tráfico Catalán para lograr que los camiones abandonen la autopista, sin tener en cuenta que esto afecta a un sector que, entre otras cosas, garantiza el funcionamiento del resto de la actividad.

Por este motivo, FENADISMER solicita el amparo del Gobierno central ante lo que considera una medida totalmente injustificada y con graves consecuencias para el transporte, ya que la prohibición de circulación de camiones en la AP-7 durante el periodo referido durante todos los domingos de septiembre paraliza el 60% de las exportaciones españolas. Al final, la AP-7 es la puerta de salida del transporte español hacia los mercados europeos y su ‘cierre’ obliga a paralizar la flota o buscar rutas alternativas más costosas, tanto en tiempo como en dinero.