El convenio colectivo de trabajo para bienes profesionales y la ley de trabajo de Países Bajos ampara a los transportistas extranjeros que operan el país, obligando a que sus condiciones de trabajo y sus salarios sean idénticas a las que tienen los chóferes locales. Aunque este punto parece más que evidente, una reciente sentencia ha reafirmado esta situación al confirmar el despido improcedente de diez conductores húngaros por parte de la empresa Van den Bosch Transporten en 2014 porque exigieron los salarios del convenio colectivo de trabajo del país.

Este caso se remonta a 2011, año en el que la FNV inició una investigación sobre la empresa Van den Bosch Transporten. En la misma se descubrió que los transportistas húngaros que estaban en nómina no tenían las mismas condiciones que los conductores locales, hasta el punto de recibir un tercio del sueldo que les correspondía por derecho. FNV y un total de diez conductores húngaros llevaron a la empresa a los tribunales para hacerles cumplir con el pago que marca el convenio colectivo holandés.

El largo proceso legal derivó en el despido de estos diez conductores húngaros, motivo por el que la compañía volvió a ser llevada a los tribunales en 2014. Con un primer fallo en 2015, el juez dictaminó que los conductores húngaros tenían el mismo derecho al salario que marca la ley que los conductores locales. Van den Bosch Transporten apeló esta decisión, logrando que el Tribunal de Apelación anulara la primera sentencia. FNV y los conductores acudieron entonces a la Corte Suprema, anulando la sentencia del Tribunal de Apelación para reabrir el caso.

Ahora, casi siete años después, el Tribunal de Apelación ha confirmado el primer veredicto de 2015 al afirmar que la ley neerlandesa se aplica a las relaciones laborales con los conductores extranjeros, sin excepción. Esto significa que el transporte de convenio colectivo para el transporte de mercancías profesional marca el salario a recibir por parte de estos conductores húngaros. El caso ha sido remitido al Tribunal de primera instancia para determinar la cantidad que debe pagar la empresa a estos conductores.