El Paquete de Movilidad ha sido una de las normativas de la Unión Europea que han tenido un desarrollo más lento en los últimos años. Su redacción y puesta en marcha ha estado llena de impedimentos, trabas que se han intensificado según se acercaba su aprobación. Con todo, la normativa que regula el transporte de mercancías por carretera en toda Europa y algunos de los aspectos más controvertidos de la actividad tiene un amplio número de detractores, sobre todo entre los países de Europa del Este.

De hecho, los países periféricos de la Unión Europea, con Rumania y Bulgaria a la cabeza gracias al apoyo tácito de Adina Valean como Comisaria Europea de Transportes, han iniciado una cruzada contra el Paquete de Movilidad al entender que la norma es discriminatoria y que está diseñada para favorecer a las potencias europeas respecto al mercado de transporte de Europa del Este, siempre bajo su punto de vista. La batalla no ha hecho más que empezar y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que dictar sentencia.

Sin embargo, los sindicatos europeos han encontrado en su particular cruzada en defensa del Paquete de Movilidad el apoyo expreso del comisario de Empleo de la Unión Europea, Nicolas Schmit. El luxemburgués ha confirmado en una reciente reunión con los dirigentes de ETF su total apoyo al Paquete de Movilidad al entender que el texto, con sus pros y sus contras, tiene un firme objetivo de conseguir una regulación homogénea de un servicio esencial para toda la Unión Europea como es el transporte por carretera.

Aunque el apoyo en público de Nicolas Schmit no supone cambio alguno en la situación que hay en torno al Paquete de Movilidad, la postura del luxemburgués como comisario europeo de Empleo contrata con la postura hostil contra la norma de la rumana Adina Valean, más interesada en mirar por los intereses concretos de Rumanía de y los países del Este que por cumplir con sus funciones como comisaria de Transportes de la Unión Europea. No obstante, el Paquete de Movilidad parece ser la vía más eficaz de limitar al máximo las empresas buzón y el ‘dumping’ social.