La fecha de introducción de los nuevos tacógrafos inteligentes de segunda generación se acerca. Será el próximo 21 de agosto cuando todos los vehículos industriales con una Masa Máxima Autorizada (MMA) de 3,5 toneladas o superior que vayan a ser matriculados en la Unión Europea deberán equipar obligatoriamente este tacógrafo inteligente de segunda generación. Sin embargo, tal y como ya avisaron los fabricantes, la ejecución de esta obligatoriedad de equipamiento está en seria duda por la disponibilidad actual de este tipo de dispositivos.

Los fabricantes de camiones, autobuses y autocares llevan tiempo advirtiendo que se podía llegar a una situación en la que no hubiera suficientes dispositivos para satisfacer la demanda, por lo que es previsible que a partir del próximo 21 de agosto se tengan que ralentizar las matriculaciones. En el caso de España, se estima que este ritmo más lento en la puesta en circulación de camiones y vehículos industriales afectará a un total de 7.000 vehículos, si bien el problema será mucho mayor en otros mercados.

Ante esta situación, los fabricantes de camiones han pedido el aplazamiento de la fecha límite del 21 de agosto para la introducción de los tacógrafos inteligentes de segunda generación. El problema es que este requisito técnico viene impuesto por un Reglamento comunitario de la Unión Europea y no puede ser derogado ni retrasado por las normas nacionales. Bruselas no se ha pronunciado al respecto y el margen de maniobra cada vez es más escaso. Desde algunos Estados miembros ya abogan por un régimen transitorio de tolerancia.

La intención es que este régimen transitorio se pueda extender hasta el 30 de septiembre, lo que permitiría cierto margen a los fabricantes para hacer acopio de estos tacógrafos digitales. Sin embargo, la cruda realidad es que las sanciones entrarán en vigor el 21 de septiembre, por lo que se crea una situación de indefensión jurídica si los vehículos salen al mercado con un tacógrafo de la generación anterior, ya que en cualquier revisión posterior al periodo de transición o en un país no tolerante a este periodo derivaría seguramente en sanciones económicas.