El proceso para determinar si los conductores profesionales pueden acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores continúa su tramitación administrativa. Mientras el Gobierno asegura que los expedientes siguen adelante, sindicatos y trabajadores muestran su preocupación por los retrasos acumulados y mantienen la presión sobre el Ejecutivo.

El pasado 27 de mayo se cumplió un año de la aprobación del Real Decreto 402/2025, norma que regula el procedimiento para determinar qué profesiones pueden acceder a la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores en el sistema de la Seguridad Social.

Tras la entrada en vigor de esta regulación, organizaciones sindicales y empresariales del transporte de mercancías y de viajeros por carretera solicitaron formalmente que los conductores profesionales puedan adelantar su edad de jubilación, especialmente en el caso de los chóferes de camión y autobús mayores de 60 años.

Según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dos de estas solicitudes fueron admitidas a trámite el pasado 9 de febrero y se han convertido en los primeros expedientes que están siendo analizados dentro del nuevo procedimiento.

La evolución de estos expedientes ha generado inquietud entre los representantes del sector. Durante una intervención en el Congreso de los Diputados, la diputada de ERC Inés Granollers denunció lo que considera una paralización injustificada del proceso y alertó sobre la incertidumbre que está provocando entre miles de profesionales.

La preocupación se centra especialmente en el incumplimiento del plazo inicial de seis meses previsto para responder a las solicitudes, una situación que ha llevado a algunos representantes del sector a temer una posible desestimación por silencio administrativo.

Granollers defendió que los conductores llevan años reclamando el reconocimiento de la penosidad y peligrosidad de su actividad y reclamó garantías para evitar que las peticiones queden atrapadas en nuevos trámites burocráticos.

Durante su comparecencia, la ministra reconoció el importante desgaste físico y mental que sufren los conductores profesionales después de décadas al volante. Entre los factores señalados figuran las largas jornadas de trabajo, los turnos prolongados y los elevados niveles de estrés asociados a la actividad.

Saiz quiso trasladar un mensaje de tranquilidad al sector y aseguró que los expedientes continúan su curso y que no serán rechazados por silencio administrativo.

No obstante, recordó que el procedimiento exige una evaluación técnica detallada para determinar si concurren las condiciones necesarias para aplicar los coeficientes reductores que permitirían adelantar la edad de jubilación.

Actualmente, los organismos competentes están elaborando informes sobre aspectos como la incidencia de las incapacidades laborales y su duración dentro de la profesión.

Una vez finalizados estos análisis, la documentación será remitida al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo para su revisión. Posteriormente, la comisión de evaluación emitirá su valoración y se abrirá un trámite de audiencia para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.

Mientras continúa la tramitación administrativa, parte de la representación sindical considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo.

De hecho, algunas organizaciones han anunciado una huelga nacional indefinida en el transporte por carretera a partir del 8 de junio de 2026 al considerar que el Gobierno no ha respetado los plazos inicialmente previstos para resolver los expedientes relacionados con la jubilación anticipada.

La posibilidad de acceder a una retirada anticipada se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de los conductores profesionales, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la creciente dificultad para atraer nuevos trabajadores al sector.