La IRU ha acogido favorablemente el nuevo paquete de movilidad laboral de la Comisión Europea, especialmente por su apuesta por digitalizar los trámites de Seguridad Social y las cualificaciones profesionales. La organización considera que las medidas pueden reducir la carga administrativa que soportan las empresas de transporte por carretera en las operaciones transfronterizas, aunque reclama que su aplicación no genere nuevos costes ni obligaciones innecesarias.

El nuevo Paquete de Movilidad Laboral Justa de la Comisión Europea incluye medidas relacionadas con la Seguridad Social, la portabilidad y el reconocimiento de competencias y cualificaciones profesionales, incluidas las obtenidas por ciudadanos de terceros países.

También contempla un refuerzo de las competencias de la Autoridad Laboral Europea (ELA), con el objetivo de avanzar hacia una aplicación más homogénea de las normas laborales en los distintos Estados miembros.

Para la IRU, uno de los aspectos más importantes es que estas reformas permitan simplificar procedimientos que actualmente se repiten en distintos países y que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en el transporte por carretera europeo.

Raluca Marian, directora de incidencia política de la IRU ante la UE, destacó el respaldo de la organización a una movilidad laboral más sencilla y justa, capaz de proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas.

“La IRU apoya la ambición de la Comisión de hacer que la movilidad laboral sea más justa y sencilla en toda la UE, protegiendo a los trabajadores móviles y haciendo que el cumplimiento sea más manejable para las empresas que los emplean”, señaló.

Entre las medidas que más afectan al sector figura la propuesta del Pasaporte Europeo de Seguridad Social (ESSPASS), diseñado para avanzar en la digitalización de la emisión y comprobación transfronteriza de los documentos relacionados con la Seguridad Social.

Entre ellos se encuentra el documento portátil A1, utilizado para acreditar la legislación de Seguridad Social aplicable a un trabajador cuando desarrolla temporalmente su actividad en otro Estado miembro.

La IRU considera que una mayor interoperabilidad entre los sistemas nacionales puede evitar que las empresas tengan que aportar repetidamente la misma información a distintas administraciones.

El objetivo, según la organización, debe ser conseguir unos procedimientos más rápidos y eficientes tanto para las empresas como para las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de la normativa.

Otro de los puntos destacados es la intención de facilitar la portabilidad y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, incluidas las obtenidas fuera de la Unión Europea.

La IRU vincula esta cuestión directamente con la escasez estructural de conductores profesionales que afecta tanto al transporte de mercancías como al transporte de viajeros por carretera.

La organización considera que unos procedimientos de reconocimiento más ágiles podrían facilitar la contratación legal de profesionales procedentes de terceros países, siempre que se mantengan los estándares europeos de cualificación y seguridad.

En este sentido, pide a la Comisión Europea que el nuevo marco permita avanzar específicamente en el reconocimiento de conductores profesionales cualificados procedentes de países no pertenecientes a la UE.

La ampliación del mandato de la Autoridad Laboral Europea es otra de las reformas respaldadas por la IRU. La organización considera que un sector tan internacional como el transporte por carretera necesita una interpretación más homogénea de las normas entre los diferentes Estados miembros.

Para los transportistas, este refuerzo debería traducirse en mayor seguridad jurídica, criterios de aplicación más uniformes y herramientas prácticas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones laborales.

“Una ELA más fuerte debería significar una aplicación más coherente, mayor seguridad jurídica y orientaciones prácticas más claras para operadores y conductores en toda Europa”, afirmó Marian.

Las propuestas iniciarán ahora su proceso legislativo y la IRU seguirá su evolución para comprobar si las medidas se traducen realmente en una reducción de los trámites administrativos.

La organización subraya que el resultado deberá medirse por su capacidad para ofrecer procedimientos más sencillos, rápidos y previsibles para empresas y conductores, evitando duplicidades y obligaciones innecesarias.

Al mismo tiempo, advierte de que las nuevas exigencias deberán ser proporcionadas para impedir que la simplificación anunciada termine generando costes adicionales o más carga administrativa para los operadores de transporte por