El Parlamento Europeo ha puesto las bases de un nuevo reglamento de tarificación vial para vehículos pesados. Una directiva que fue sometida a votación el pasado 17 de febrero y que, en líneas generales, dibuja un modelo generalizado para la red transeuropea de carreteras en el que los peajes se basan en la distancia recorrida y no en el tiempo de viaje. En definitiva, la Unión Europea ya tiene el modelo que eliminará de forma gradual el actual sistema conocido como viñetas.

El objetivo de la Unión Europea es que la tarificación por viñeta quede sustituida por el nuevo modelo antes de 2030, dibujando peajes basados en la distancia, pero que también regula una serie de ajustes para los vehículos pesados según sus emisiones de CO2. Con la premisa de quien más contamina más paga, los Estados miembro tendrán la oportunidad de establecer distintas tarificaciones para camiones y autobuses según las emisiones de CO2, también aplicable para furgonetas y minibuses a partir de 2026.

Cabe recordar que las normas actuales (viñetas) afectan sólo a los camiones con una Masa Máxima Autorizada (MMA) de más de 3,5 toneladas con la posibilidad de eximir a los camiones de menos de 12 toneladas. El nuevo modelo se extiende a todos los vehículos de transporte al tiempo que se garantiza una tarificación acorde a las contaminación y prácticamente nula para los vehículos de emisiones cero o bajas emisiones. El nuevo modelo debe incluir viñetas diarias para evitar discriminaciones para los usuarios extranjeros y está abierto a tarificaciones extras en zonas sensibles o de alta congestión.

Aunque la normativa de la nueva tarificación vial para camiones ha tardado casi cinco años en votarse en el Parlamento Europeo, su entrada en vigor dibuja una cronología muy clara. Los Estados miembro tienen dos años para transponer la nueva norma a su legislación nacional. Tras un periodo transitorio de cuatro años, el cobro de los costes externos de la contaminación del aire será obligatorio para los vehículos pesados, bajo un modelo armonizado que no agrada al sector transporte por ser parte de una doble o triple imposición de las emisiones de CO2.