La segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha devuelto a un escenario caótico al transporte de mercancías por carretera en toda Europa. Pese a los supuestos esfuerzo de la Unión Europea por poner las bases de una respuesta coordinada por parte de los Estados miembro, la realidad es que las autoridades de cada país están implantando medidas distintas para frenar los contagios por coronavirus, lo que ha sumido de nuevo al transporte en un caos burocrático y normativo a la hora de desarrollar su actividad.

Con el avance de la enfermedad, las restricciones de movilidad no se han hecho esperar en los distintos países de la Unión Europea. Sin embargo, la experiencia adquirida en la primera fase de la pandemia de COVID-19 no parece haber servido de nada, ya que la respuesta de cada Estado miembro es individual, sin que exista coordinación alguna. Pese a que todas y cada una de las autoridades de la Unión Europea estaban avisadas de la posible llegada de esta segunda ola con la llegada del frío, el transporte vuelve a estar sumido en una situación crítica.

Sin ir más lejos, Francia, Bélgica e Italia han impuesto distintas prohibiciones a la circulación en las áreas de toque de queda, situación que en el Francia se ha traducido en un confinamiento nacional. En Alemania, el Gobierno de Baviera exige pruebas PRC, mientras que en Grecia hay que llevar una declaración de desplazamiento. Y en la península Ibérica, Portugal arranca un confinamiento perimetral, mientras que en España los toques de queda y confinamientos perimetrales por Comunidades obligan a llevar certificados de desplazamiento distintos en cada región.

Esta situación de descoordinación no sólo afecta a las restricciones al tráfico, sino a otros puntos vinculados al transporte de mercancías por carretera como el cierre de las áreas de servicio. No obstante, la segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha obligado a cerrar muchas áreas de servicio, ya sea por la crisis económica o por dictado de las restricciones aplicadas por los distintos gobiernos. Una situación que la ETF ya ha denunciado ante la Unión Europea para pedir que al menos se mantengan abiertos un mínimo de restaurantes, cafeterías, áreas de servicio e instalaciones sanitarias.