El ministro de Transportes de Rumanía ha confirmado que el Gobierno del país ha iniciado los trámites legales para presentar un recurso contra el Paquete de Movilidad, normativa que ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y que regula todo el transporte de mercancías por carretera de carácter internacional en toda la Unión Europea. Desde las autoridades rumanas se considera que el texto atenta de forma directa contra el mercado de Europa del Este, lo que genera una situación de desigualdad dentro del sector transporte.

El recurso presentado por Rumanía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se fundamenta en la petición de derogación de alguna de las disposiciones que se recogen en el texto del Paquete de Movilidad y que, según las autoridades del país, atentan de forma directa contra la competitividad de su mercado de transporte y tienen implicaciones negativas para el propio transporte dentro de la Unión Europea. En concreto, el recurso solicita que se deroguen las disposiciones con número 1054/2020 y 1055/2020, así como la Directiva 1057/2020.

Estos tres apartados del Paquete de Movilidad hacen referencia a la obligación de los chóferes profesionales de regresar de forma periódica a la sede o lugar de residencia del empleador, a la obligación de regreso del camión a la sede operativa de la compañía dentro de un plazo de ocho semanas siguientes al abandono del país de origen y a limitaciones adicionales en las operaciones de cabotaje. Sin duda, un golpe en la línea de flotación para las empresas buzón y las prácticas de ‘dumping’ social que tanto daño están haciendo al transporte de mercancías por carretera.

Para reforzar el recurso presentado ante el TJUE, las autoridades de Rumanía han apoyado su argumentación en los recursos eventuales que puedan presentar otros Estados miembro que ya han anunciado su oposición al texto del Paquete de Movilidad. Cabe recordar que entre los países que han mostrado rechazo a esta Directiva están Chipre, Estonia, Hungría, Bulgaria, Lituania, Letonia, Malta y Polonia, siendo este último país y Bulgaria los único que han iniciado trámites legales para presentar sus propios recursos ante el TJUE.