Reino Unido sigue endureciendo sus políticas comerciales y sociales en su relación cada vez más tensa con la Unión Europea. En este sentido, el próximo 13 de febrero entrará en vigor una modificación de la normativa vigente en materia de inmigración irregular que, entre otras cosas, endurece las penas por introducir inmigrantes ilegales al país de forma irregular, algo que afecta en gran medida al transporte de mercancías por carretera por los habituales asaltos de personas migrantes a los camiones.

La normativa que entrará en vigor el próximo mes establece una serie de obligaciones para los conductores profesionales a la hora de asegurar los semirremolques cuando se carguen. A su vez, también deben verificar que no se han producido alteraciones en los distintos elementos del camión y en sus medidas de seguridad, así como la ausencia de ‘polizones’ al iniciar el viaje y tras cada parada, registrando estas inspecciones y los puntos que se han revisado durante las mismas.

Al final, los transportistas profesionales y las empresas se juegan mucho, ya que las penas por cada inmigrante clandestino que se pueda colar en Reino Unido a bordo de un camión se van a multiplicar por cinco. Además, la nueva ley pauta otras medidas adicionales de castigo por no preservar las medidas de seguridad adecuadas en los camiones y permitir la entrada, aunque sea involuntaria, de inmigrantes ilegales al país. Una circunstancia que supone un creciente problema para el sector transporte.

El aumento ‘salvaje’ de las sanciones por esta cuestión deja contra la espada y la pared a los conductores profesionales y las empresas, ya que sobre el papel elimina de manera clara la presunción de inocencia de todos los implicados en este tipo de casos. Por eso, IRU adelanta que nuevos operadores, empresas y conductores renunciarán a realizar rutas hasta Reino Unido. Circunstancia que acabará por reducir la competencia, aumentará los costes derivados del transporte, pero también los riegos, los retrasos y la inestabilidad en la cadena de suministro.