La propuesta de la Comisión Europea sobre la futura normativa Euro 7 ha despertado muchas dudas. Los objetivos de la misma, las implicaciones que tiene para el desarrollo de vehículos eléctricos y propulsados por energías alternativas y los plazos de ejecución de la misma han provocado cierta preocupación en el sector del transporte de mercancías por carretera. Entre otras cosas porque la propuesta de la Comisión Europea fija que la normativa Euro 7 entre en vigor en 2025 para furgonetas y en 2027 para camiones.

La normativa Euro 7 se postula como el último reglamento previo a la prohibición de venta de vehículos con motores de combustión tal y como los conocemos ahora mismo, ya que a partir de 2035 sólo se podrán matricular vehículos cero emisiones. Por este motivo, la propuesta de la Comisión Europea ha dibujado disparidad de opiniones al entender que los objetivos tan estrictos de la normativa Euro 7 obligarán a los fabricantes a desviar su atención del desarrollo de vehículos eléctricos y de hidrógeno para conseguir motores de combustión más eficientes que cumplan con el reglamento.

Además, el plazo que tienen los fabricantes para hacerlo es corto. La normativa Euro 7 entrará en vigor en 2025 para turismos y furgonetas y dos años más tarde para autobuses y camiones. Teniendo esto en cuenta y el objetivo de reducir las emisiones de NOx de turismos y furgonetas en un 35% y en autobuses y camiones en un 56%, la situación se antoja cuanto menos comprometida. Sin ir más lejos, la adaptación de turismos y furgonetas a la norma Euro 7 supondrá un sobrecoste del 0,6% en su producción, cifra que alcanza el 3,1% en camiones y autobuses.

Si que es cierto que la normativa Euro 7 limita las emisiones para todos los tipos de vehículos de motor, siendo indistinto si el vehículo en cuestión utiliza Diésel o gasolina. De hecho, el texto también incluye las emisiones derivadas del uso de trenes de transmisión eléctricos o de combustibles alternativos, aunque no sean del propio vehículo. Además de fijar límites más exigentes en las emisiones, la normativa también incluye las emisiones emanadas de frenos y neumáticos, algo que no termina de convencer a la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).