La polémica de la prórroga de las ITV llega al Tribunal Supremo gracias a la AEA

Problemas en la ITV en la prueba de frenado de las cabezas tractoras

La chapucera solución del Gobierno para solucionar el problema de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a base de prórrogas en sus plazos de aplicación tenía visos de acabar mal. Y así ha sido. De hecho, el Tribunal Supremo estudiará el procedimiento del Ejecutivo para que los usuarios que no pudieron superar la ITV durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 lo hicieran una vez acabado este periodo. Este proceso legal nace del recurso contencioso administrativo presentado contra la medida del Gobierno por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El modelo de prórroga aplicado por el Ejecutivo en los plazos de la ITV a raíz del parón de las estaciones de control motivado por el confinamiento no ha sido del agrado de usuarios y profesionales del transporte. No obstante, a la hora de pasar la ITV no se tiene en cuenta la fecha de la inspección para dar el plazo de vigencia y sí la fecha original en la que el vehículo debió pasar la inspección y en la que no fue posible hacerlo, ya sea por el propio confinamiento o por el alto volumen de inspecciones pendientes en las estaciones de control.

Ante este hecho, AEA ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Orden SND/413/2020, ya que el procedimiento obliga a pasar la ITV a un gran número de usuarios y profesionales del transporte por dos veces en apenas tres meses. Un proceso en el que prima los intereses económicos de las ITV y no la seguridad vial y que ahora está en manos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Según cálculos de la AEA, la medida afecta a cinco millones de usuarios -incluidos transportistas- y tine un valor económico de unos 200 millones de euros.

Según explica Mario Arnaldo, presidente de AEA, “no tiene ningún sentido que se vuelva a inspeccionar un vehículo que acaba de ser inspeccionado con resultado favorable. Es evidente que existen razones económicas de empresas privadas para proceder de esta forma, ya que las empresas de las estaciones concesionarias de la ITV dejaron de cobrar unas tasas durante los meses de confinamiento que ahora pretenden recuperar. De hecho, esta ley lo que pretende es garantizar la recuperación de gran parte de esas pérdidas sin tener en cuenta a los usuarios.

Mientras este recurso contencioso administrativo se resuelve, cabe recordar que la Orden del Ministerio de Sanidad pauta una prórroga de 30 días naturales más un número definido de periodos de 15 días naturales adicionales según la fecha de inspección inicial, siempre que esta se encontrase durante el periodo de Estado de Alarma o las semanas posteriores al mismo por la masificación de las estaciones. Sea cuál sea la fecha de inspección inicial, todos los usuarios que se acojan a esta prórroga verán como la nueva fecha de validez de la ITV se corresponde con la fecha de validez original, sin contar en ningún caso la prórroga.

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