La crisis energética y de combustibles sigue presionando de forma intensa al sector europeo del transporte por carretera. Ante esta situación, los ministros de Transporte de la Unión Europea han dado un primer paso para aliviar parte de esta carga, aunque las principales asociaciones del sector advierten que las medidas siguen siendo insuficientes para estabilizar la actividad y proteger la continuidad de los servicios.

Durante su reciente reunión, los ministros de Transporte de la UE abordaron el impacto del fuerte incremento de los precios de los combustibles sobre el transporte por carretera y la movilidad en general. El resultado ha sido una serie de actuaciones iniciales con el objetivo de aliviar a corto plazo los costes operativos de empresas de transporte de mercancías y pasajeros.

Entre las acciones analizadas se encuentran reducciones temporales de impuestos sobre los combustibles, ayudas directas a las empresas más afectadas y la posibilidad de introducir mecanismos de compensación que permitan mantener la competitividad del sector. Sin embargo, desde la perspectiva del transporte profesional, estas herramientas siguen siendo parciales y, en muchos casos, desiguales entre Estados miembros.

La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha subrayado que los operadores necesitan un marco de apoyo más sólido y coordinado a nivel europeo, que vaya más allá de medidas puntuales y que tenga en cuenta la realidad de miles de pymes de transporte que sostienen las cadenas de suministro en Europa.

La escalada de precios del diésel se traduce en un incremento inmediato de los costes por kilómetro, reduciendo márgenes que ya eran muy ajustados antes de la crisis. El sector recuerda que el combustible supone habitualmente entre el 30 % y el 35 % de los costes operativos de una flota, por lo que cualquier variación drástica tiene un efecto casi automático en la rentabilidad.

Los ministros reconocen que esta situación amenaza la estabilidad de la cadena logística europea y el abastecimiento de mercancías esenciales. No obstante, las medidas propuestas hasta ahora se consideran solo un alivio parcial. La IRU insiste en que se requieren acciones rápidas, coordinadas y específicas para el transporte profesional, evitando que los operadores se vean obligados a detener servicios clave por inviabilidad económica.

La IRU ha acogido positivamente el hecho de que los ministros de Transporte de la UE empiecen a actuar, pero también ha dejado claro que la reacción llega en un contexto de gran urgencia. La organización pide que las decisiones políticas se traduzcan cuanto antes en medidas concretas, aplicables y homogéneas en todos los Estados miembros.

Entre las principales demandas se encuentran:

• Reducción temporal y significativa de impuestos sobre combustibles destinados al transporte profesional.
• Mecanismos de apoyo financiero directos y ágiles para las empresas de transporte más vulnerables.
• Coordinación a nivel de la UE para evitar distorsiones de competencia entre países.
• Un enfoque que reconozca el papel esencial del transporte por carretera en la economía europea y en la seguridad del suministro.

La IRU insiste en que, además de abordar la crisis actual, las instituciones de la UE deben trabajar en estrategias a medio y largo plazo que protejan al sector frente a futuras volatilidades de precios energéticos.

En este sentido, se plantea la necesidad de integrar el transporte por carretera en una política energética y de movilidad más coherente, que combine la transición hacia energías más limpias con herramientas efectivas para evitar que las empresas de transporte queden expuestas a fluctuaciones extremas del mercado.