La sangría del segundo conductor en el transporte frigorífico

Los trabajadores del transporte, son tratados como ciudadanos de segunda clase

La presión de compra sobre el suplemento de la doble tripulación puede dejar sin cubrir una parte del coste que soporta el transportista.

Exigir un servicio con dos conductores tiene consecuencias económicas. En las operaciones que motivan este artículo, el problema surge cuando el cliente o su central de compras impone el suplemento que está dispuesto a abonar por el segundo conductor como condición para adjudicar el servicio. El margen real del transportista para modificarla puede ser muy reducido.

La doble tripulación responde a necesidades legítimas: acortar los tiempos de tránsito, atender entregas urgentes o mantener la continuidad del desplazamiento dentro de los límites legales. Pero la utilidad de esa prestación para el cliente no elimina el coste laboral y organizativo que asume quien la realiza.

En las operaciones aquí descritas, los clientes sitúan el suplemento del segundo conductor entre 550 y 650 euros por viaje de larga distancia. Son importes referidos a esas experiencias comerciales, no una estadística representativa del mercado ni una propuesta de precios. Que distintas centrales de compras manejen cantidades semejantes no prueba, por sí solo, que exista un acuerdo entre ellas.

La pregunta es sencilla: ¿cubre ese suplemento el coste adicional que soporta la empresa transportista? No basta con constatar que se abona una cantidad por el segundo conductor. Es necesario examinar qué recursos exige realmente el servicio y cómo quedan remunerados en el conjunto de la operación.

El coste de un conductor no se limita a su salario. Incluye cotizaciones sociales, dietas, complementos y otros conceptos aplicables. En este análisis se utiliza una estimación orientativa de unos 4.000 euros mensuales de coste empresarial. No se presenta como un coste mínimo, una media oficial ni una referencia uniforme para todas las empresas.

La diversidad de convenios provinciales y de empresa, las jornadas y la organización del trabajo impiden atribuir un mismo coste a todos los transportistas. Tampoco puede darse por supuesto que una empresa española y otra establecida en Polonia o Rumanía soporten idéntica estructura de costes. La comparación requiere atender a las condiciones concretas y a las obligaciones laborales aplicables a cada operación.

Pensemos en una operativa entre España y Alemania con tres viajes mensuales. Con suplementos de entre 550 y 650 euros, los ingresos adicionales serían de entre 1.650 y 1.950 euros al mes. Si esos viajes absorben toda la dedicación mensual del segundo conductor, su coste se aproxima a los 4.000 euros estimados y el precio base no remunera ya parte de ese recurso, los suplementos resultarían insuficientes para cubrirlo. En otras condiciones, el resultado puede ser distinto. La comparación exige comprobar esas premisas; no autoriza a declarar deficitario cualquier servicio con ese suplemento.

El problema de fondo aparece cuando el poder de compra permite exigir una prestación superior sin reconocer suficientemente su coste. En ese caso, la presión económica se traslada al transportista y deteriora su margen. La firma del contrato no demuestra que ambas partes hayan tenido la misma capacidad para determinar sus condiciones.

La normativa española aporta una referencia concreta. En los supuestos a los que resulta aplicable el artículo 10 bis.1.g) de la Ley 15/2009, el precio y los gastos relacionados con el transporte deben cubrir los costes efectivos individuales del porteador para prestar el servicio. La norma permite elegir la referencia temporal que mejor se ajuste a sus previsiones y estrategia empresarial. No establece un suplemento legal específico por el segundo conductor: la comprobación corresponde al transporte en su conjunto.

Denunciar este desequilibrio no exige proponer una tarifa común. Las cifras anteriores describen el problema analizado y no indican qué precio debe aplicar otra empresa. Cada transportista debe adoptar sus decisiones comerciales de forma independiente, sin acuerdos de precios ni rechazos colectivos de servicios.

La doble tripulación aporta valor al cliente y exige recursos al transportista. Pedir más rapidez y disponibilidad mientras se limita el reconocimiento económico de esos recursos puede comprometer la viabilidad del servicio. La libertad de contratación no borra esa realidad. Si se quiere sostener un transporte frigorífico capaz de mantener empleo y prestar un servicio fiable, el coste del segundo conductor no puede quedar fuera del debate.

Juan José Arnedo Medina

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