Los operadores de transporte por carretera se enfrentan a una subida significativa de los costes vinculados a la transformación hacia flotas de cero emisiones. La Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) alerta de que, sin medidas urgentes, la transición energética en el sector podría ralentizarse de forma considerable.

Según la IRU, los operadores de transporte ya están sometidos a una fuerte presión por el incremento general de los costes operativos. A ello se suman las inversiones necesarias para renovar las flotas e incorporar vehículos eléctricos de batería (BEV) o de pila de combustible de hidrógeno (FCEV), así como los gastos en infraestructuras de recarga o repostaje.

El diferencial de coste entre los vehículos diésel convencionales y los camiones de cero emisiones sigue siendo muy elevado, tanto en términos de adquisición como de operación. Aunque algunos países ofrecen programas de apoyo, la IRU advierte de que estas ayudas son insuficientes y demasiado heterogéneas entre Estados miembros, lo que provoca un entorno de competencia desigual y frena la adopción masiva de tecnologías limpias.

Para responder a esta situación, la IRU plantea la creación de un «Industrial Accelerator Act», una iniciativa política orientada a reducir los costes de electrificación y a acelerar el despliegue de flotas de cero emisiones en el transporte profesional. Este marco se concibe como un complemento a las políticas climáticas existentes y se centraría, sobre todo, en la competitividad económica de las empresas de transporte.

El objetivo central de este acto industrial sería garantizar que la transición energética no comprometa la viabilidad económica de los operadores, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que dominan el tejido del transporte de mercancías por carretera en Europa. La IRU insiste en que, sin una intervención coordinada, muchas compañías podrían verse obligadas a retrasar o incluso renunciar a la modernización de sus flotas.

En el marco de este «Industrial Accelerator Act», la IRU propone un conjunto de medidas concretas. Entre ellas, incentivos fiscales y financieros más ambiciosos para la compra de camiones de cero emisiones, incluyendo subvenciones directas, esquemas de leasing apoyados por el sector público y deducciones aceleradas de amortización.

Además, la organización reclama una estrategia europea coordinada para el desarrollo de infraestructuras de recarga y repostaje, tanto en corredores de larga distancia como en centros logísticos. La falta de puntos de carga rápidos y fiables, junto con la incertidumbre en los costes de la energía, dificulta la planificación operativa y eleva el riesgo empresarial.

Otro elemento clave señalado por la IRU es la necesidad de reducir el coste de la electricidad y del hidrógeno verde destinado específicamente al transporte profesional. Para ello, plantea posibles exenciones o reducciones de tasas y peajes energéticos, así como acuerdos a largo plazo que den estabilidad de precios a los operadores.

La IRU coincide con los objetivos climáticos europeos, pero subraya que la descarbonización solo será viable si es económicamente asumible para las empresas. La organización sostiene que los operadores de transporte no pueden absorber en solitario el aumento de costes asociado a la electrificación, especialmente en un contexto de competencia internacional intensa y márgenes tradicionalmente estrechos.

Para ti, como profesional del transporte de mercancías por carretera, la evolución de estas políticas será determinante a la hora de planificar la renovación de tu flota. La IRU insiste en que la próxima legislatura europea debe priorizar un marco estable y predecible, que combine regulación ambiental con apoyo industrial, evitando cambios bruscos que generen incertidumbre en las inversiones.

La IRU pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que trabajen de forma coordinada en un paquete de medidas específico para el transporte por carretera, que acelere la adopción de vehículos de cero emisiones sin poner en peligro la competitividad del sector.

Sin una política industrial sólida, el riesgo es que la electrificación del transporte avance a dos velocidades: rápida en los pocos mercados con fuerte apoyo público y muy lenta en el resto. Esto no solo afectaría a la cohesión del mercado interior, sino también al avance global hacia los objetivos de descarbonización.