La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha mostrado su rechazo a las iniciativas aprobadas por el Parlamento de Cataluña para implantar nuevos sistemas de pago por el uso de las carreteras. La organización considera que estas medidas vuelven a responsabilizar al transporte por carretera de los problemas de movilidad y supondrían una carga adicional para un sector que ya soporta una elevada presión fiscal y regulatoria.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado una propuesta para avanzar hacia la implantación de una viñeta o sistema de pago por uso de la red viaria, diferente al modelo tradicional de peajes con barreras.
La iniciativa parte de la premisa de que los vehículos que recorren más kilómetros y transportan un mayor volumen de mercancías provocan más desgaste en las carreteras y generan un impacto ambiental superior. También plantea que los ingresos recaudados mediante este sistema se destinen íntegramente a la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras viarias.
Tras la aprobación de la moción, está prevista la creación de un grupo de trabajo específico encargado de definir el modelo de viñeta y concretar su funcionamiento.
La CETM ha manifestado su oposición frontal a unas propuestas que, a su juicio, vuelven a situar al transporte de mercancías por carretera como principal responsable de los problemas de movilidad.
La Confederación critica que, ante situaciones de congestión o dificultades en la gestión de las infraestructuras, las soluciones planteadas recaigan habitualmente sobre los camiones, pese a que las carreteras son utilizadas diariamente por millones de vehículos.
La patronal recuerda, además, el papel esencial que desempeña el transporte por carretera cuando se producen situaciones críticas o emergencias. El sector es el encargado de garantizar el abastecimiento de hospitales, supermercados, industrias y hogares, por lo que considera contradictorio que se reconozca su importancia en determinados momentos y posteriormente se le impongan nuevas restricciones o cargas económicas.
Uno de los principales argumentos de la CETM es que las empresas de transporte ya contribuyen de manera significativa a la financiación de las infraestructuras mediante los impuestos que soportan, especialmente los aplicados a los carburantes.
Según los datos trasladados por la organización, la recaudación asociada a la fiscalidad de los carburantes supera los 21.000 millones de euros anuales. Para la Confederación, esta cifra demuestra que el sector ya realiza una aportación suficiente al mantenimiento de la red viaria.
La implantación de un nuevo sistema de pago por uso supondría, por tanto, una doble imposición para unas empresas sometidas a una elevada presión fiscal, normativa y administrativa.
El presidente de la CETM, Carmelo González, ha defendido en numerosas ocasiones que el transporte no puede convertirse en una vía recurrente para aumentar la recaudación ni cargar con la responsabilidad de problemas estructurales cuya solución corresponde a las administraciones.
La Confederación considera que los camiones aparecen con demasiada frecuencia en el debate público cuando se plantean nuevos peajes, restricciones a la circulación o controles adicionales, pero no siempre se reconoce su aportación al funcionamiento de la economía y de la sociedad.
«Las mercancías no votan», señala la organización, aunque recuerda que los transportistas sí lo hacen y que millones de ciudadanos dependen diariamente de que los camiones puedan completar sus rutas.
La CETM insiste en que el transporte de mercancías está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. La llegada de alimentos a los supermercados, medicamentos a las farmacias y materias primas a las fábricas depende directamente del trabajo de los transportistas.
Por este motivo, la organización rechaza que el sector sea presentado como un obstáculo para la movilidad y reclama que se reconozca su aportación al abastecimiento, la actividad empresarial y la competitividad del país.
La patronal exige que cualquier debate sobre la financiación y la gestión de las carreteras se aborde con rigor, equidad y diálogo con los sectores afectados. A su juicio, las administraciones deben evitar medidas que penalicen sistemáticamente a las empresas encargadas de garantizar el suministro de bienes y el funcionamiento de las cadenas logísticas.
«El transporte de mercancías no es el problema; es una parte imprescindible de la solución», concluye la CETM, que reclama dejar de convertir a los transportistas en el foco de cada debate relacionado con el uso y la financiación de las carreteras.
