La International Road Union (IRU) se ha unido a las distintas asociaciones y actores de peso del transporte de mercancías por carretera a la hora de mostrar su rechazo a la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la inclusión del sector transporte en el nuevo Régimen de Comercio de Emisiones (ETS II) a partir de 2024. Según los responsables de IRU, esta decisión pone en riesgo real a la actividad por el aumento de los costes sin retorno y la imposibilidad de cambiar a vehículos cero emisiones en un futuro próximo.

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Régimen del Comercio de Emisiones (ETS II) para el transporte comercial que entrará en vigor en 2024. Creado sobre la base del mantra de «el que contamina paga», la industria debe comprar un permiso de emisión por cada tonelada de CO2 que emita a la atmósfera. En un principio sólo estaba dirigido a la industria, pero con esta nueva actualización también se crea un sistema de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera.

Aunque es cierto que ciertos actores del sector transporte, especialmente los fabricantes, se han posicionado a favor del ETS II, asociaciones como IRU han explicado la problemática de asumir este modelo. Según los portavoces de la organización se van a disparar los costes, sin que además las empresas y transportistas autónomos tengan la posibilidad de usar camiones de cero emisiones por las pocas alternativas que hay en el mercado y su elevado precio. Sin la condición básica para cambiar a este tipo de vehículos -incluida la necesaria red de carga y/o repostaje-, el ETS II no vale para nada.

En este sentido, IRU se ha mostrado partidaria de la introducción gradual del modelo ETS II, con una correcta alineación con los desarrollos tecnológicos y de infraestructuras que existen en la actualidad, sin que se dibuje una imposición y carga múltiple de impuestos por emisiones de CO2. Al mismo tiempo, llama a invertir los ingresos obtenidos en este ETS II ‘suavizado’ para ayudar a las empresas del sector a su descarbonización, incluyendo en los planes de acción también a los usuarios privados.