El Ejecutivo ha presentado el nuevo Plan Social para el Clima (PSpC), una estrategia dotada con 9.099 millones de euros para el periodo 2026-2032 con la que pretende acelerar la descarbonización del transporte. El transporte por carretera será uno de los grandes ejes del plan, con 4.376 millones destinados a renovar flotas, electrificar vehículos y facilitar alternativas de movilidad más asequibles y sostenibles.

El Componente de Transporte del PSpC nace con el objetivo de facilitar el acceso a alternativas limpias, reforzar la cohesión territorial y reducir la pobreza de transporte. También busca apoyar a microempresas y trabajadores autónomos cuya actividad depende directamente del transporte por carretera. Las actuaciones previstas se organizan en seis grandes bloques estratégicos, aunque la partida más relevante corresponde a la descarbonización del transporte por carretera, con una dotación de 2.269,6 millones de euros.

Renovación de flotas pesadas y apoyo a microempresas vulnerables

Dentro de este bloque, el plan destinará 846,2 millones de euros a la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos en microempresas vulnerables. Estas ayudas podrán cubrir hasta el 100% del sobrecoste asociado a la adquisición de este tipo de vehículos. Además, se contempla el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020, que emiten alrededor de siete veces más NOx que un vehículo nuevo.

Ayudas para eléctricos ligeros, autobuses urbanos y recarga

El plan también reserva 642 millones de euros para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros por parte de trabajadores autónomos y microempresas vulnerables. A esta línea se suman 381,4 millones para la electrificación de flotas de transporte público urbano y una partida transversal de 400 millones destinada al despliegue de puntos de recarga en las instalaciones propias de las empresas.

En el ámbito operativo, el PSpC contará con un sistema de seguimiento hasta el 31 de julio de 2032. Los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos, y las medidas sujetas al principio de “no causar un perjuicio significativo” al medioambiente (DNSH). La coordinación institucional corresponderá al MITECO, en colaboración con el MIVAU, el MITMS, las comunidades autónomas y las entidades locales, que desempeñarán un papel esencial en la ejecución de las inversiones.

Con la puesta en marcha del PSpC, el Gobierno de España reafirma su compromiso con una transición ecológica que, además de responder a los objetivos medioambientales internacionales, contribuya a la reactivación económica, la creación de empleo local y el fortalecimiento del Estado del bienestar. No hay política climática eficaz sin justicia social.