El Gobierno ha dado un nuevo paso para proteger la viabilidad económica del transporte de mercancías por carretera. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que establece la revisión automática de los precios del transporte cuando el coste de los carburantes suba un 5%, una medida con la que busca garantizar que el encarecimiento del combustible no recaiga exclusivamente sobre los transportistas.

La nueva norma llega en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos, marcado por el conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre los precios de los combustibles. En este contexto, el Ejecutivo pretende evitar que miles de empresas del sector, en su mayoría pymes y autónomos, sigan absorbiendo unos sobrecostes que comprometen su rentabilidad.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió esta iniciativa como una herramienta de equilibrio para el sector, especialmente necesaria en un escenario extraordinario como el actual.

La principal novedad de la medida es que la actualización de los precios del transporte de mercancías por carretera será obligatoria y automática cuando el carburante experimente una subida significativa. En concreto, el ajuste se activará a partir de un incremento del 5% en el precio del combustible.

Uno de los elementos clave del decreto es que esta revisión tendrá que aparecer de forma expresa en la factura, lo que busca aportar mayor transparencia en la relación entre cargadores y transportistas. De este modo, el aumento del coste energético dejará de depender de negociaciones individuales o de la capacidad de presión de cada empresa.

Esta decisión refuerza una vieja reclamación del sector: que las variaciones del precio del gasóleo se trasladen de manera real y efectiva a las tarifas del transporte, evitando que sean los profesionales quienes soporten en solitario el impacto de cada subida.

El nuevo texto legal no se limita a reconocer ese derecho, sino que además incorpora un régimen sancionador específico para los casos en los que no se aplique la revisión obligatoria. Con ello, el Gobierno quiere cerrar la puerta a incumplimientos y asegurar que la medida tenga una aplicación real en el mercado.

La introducción de sanciones supone un mensaje claro: la revisión del precio del transporte no será opcional. Para los transportistas, esta medida representa una mayor seguridad jurídica y una defensa más firme frente a prácticas contractuales que, en ocasiones, han dejado a las empresas más pequeñas en situación de desventaja.

Estas medidas no afectan solo al transporte por carretera, sino también al ferroviario y marítimo de mercancías. Además, complementan las aprobadas en el Real Decreto-ley 7/2026, del pasado 20 de marzo, que ya contemplaba una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras ayudas directas para el sector.

El Ejecutivo subraya que esta iniciativa ha sido fruto del diálogo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). El objetivo final es claro: proteger a un sector estratégico para la economía, garantizar su sostenibilidad y evitar que la volatilidad del combustible ponga en riesgo la actividad de miles de transportistas en toda España.