La tibia actuación de la Comisión Europea ante la crisis por la pandemia de COVID-19 entra en un punto de inflexión. Tras recibir numerosas críticas por su actitud pasiva a la hora de tomar decisiones y coordinar las medidas comunes de lucha contra el virus, el organismo europeo ha decidido impulsar un proyecto legislativo para unificar los criterios de actuación de los Estados miembro. En este aspecto, la Comisión Europea activará este paquete de medidas por la vía de Reglamento urgente, optimizando así su puesta en marcha.

A pesar de tratarse de un periodo de excepción para el que no existe una preparación real, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la nula capacidad de los Estados miembros de orquestar una normativa común. Sin actuación alguna de la Comisión Europea, los profesionales y empresas del sector transporte han tenido que lidiar con un escenario en el que cada país ha articulado medidas individuales y en el que los servicios de transporte se han convertido en un auténtico dolor de muelas a la hora de cumplir con el reglamento de cada país.

Aunque tarde, la Comisión Europea ha decidido intervenir para regular y poner las bases de un marco de actuación común en aspectos como las exenciones en los tiempos de conducción y descanso, la validez de las tarjetas CAP y del sistema de tacógrafo y la prórroga de documentos y permisos esenciales para el desarrollo de la actividad como son los carnets o la ITV. También se pautará modelos de cierre y control de fronteras, permisos de tránsito y obligaciones propias de la pandemia de COVID-19 en términos de seguridad e higiene.

Entre las medidas de la Comisión Europea se establece que los conductores cuyas tarjetas CAP o permisos de conducir expiren entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2020 verán su validez prorrogada en seis meses. Además, se permite que los Estados miembro permitan el tránsito de vehículos sin inspección del tacógrafo o con la tarjeta caducada. También se ofrece una prórroga de seis meses para pasar la ITV desde su fecha de vencimiento. Por último, los Estados miembro deberán garantizar la validez de otros certificados, mientras que se dará un periodo de 12 meses para demostrar que las empresas cumplen con el requisito de capacidad financiera.