La Comisión Europea ha publicado un nuevo paquete de propuestas para mejorar la seguridad vial de las carreteras de la Unión Europea. Este Paquete de Seguridad Vial modifica la Directiva (UE) 2022/2561 del Parlamento Europa y deroga la Directiva 2006/126/CE y el Reglamento (UE) 383/2012 de la Comisión Europea. ¿Y qué significa esto? Pues estos movimientos se traducen en importantes cambios en las normas del permiso de conducir, la introducción del carnet digital y la creación de nuevas disposiciones para facilitar la aplicación normativa fronteriza.

Uno de los puntos clave pasa por permitir que los jóvenes se presenten a los exámenes y puedan conducir acompañados, tanto en automóviles como en camiones, a partir de los 17 años. De esta forma, se conseguirán conductores más jóvenes y trabajadores para el sector del transporte de mercancías por carretera tan pronto como el trabajo específico lo permita. Se propone la introducción de un periodo de prueba de, al menos dos años, para conductores novatos y una regla de tolerancia cero en la conducción bajo los efectos del alcohol.

La introducción de la licencia de conducir digital también es un punto clave a la hora de simplificar el reconocimiento de los permisos de conducir entre Estados miembros, lo que a su vez facilita su renovación, sustitución o validación. Además, el nuevo modelo elimina requisitos de posesión de licencias para obtener otros permisos, el permiso para conducir ciertos tipos de vehículos con el carnet básico B1 y el reconocimiento mutuo de equivalencias opcionales. Se podrá conducir además vehículos D1E con los permisos D1 y C1E o D1 y CE.

Para permitir una mejor agilidad en el transporte, se estudia que las autoridades nacionales tengan competencia para el acceso a registros nacionales de permiso de conducir de otros países a través de un sistema electrónico único. Esto permite dibujar un nuevo alcance de las infracciones. Las infracciones, multas o la retirada del carnet no sea una cuestión nacional y sí tendrá una aplicación a nivel de todos los Estados miembro para las personas acusadas de delitos de tráfico.