La Confederación Española de Transporte de Mercancías advierte de que un aumento de la fiscalidad del gasóleo tendría consecuencias directas sobre las empresas transportistas, la cadena de suministro y el conjunto de la economía española. La patronal reclama al Gobierno diálogo con el sector antes de adoptar cualquier medida que eleve los costes de explotación del transporte de mercancías por carretera.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha mostrado su rechazo ante las informaciones que apuntan a una posible subida de la fiscalidad del gasóleo, una medida vinculada al cumplimiento de compromisos asociados a los fondos NextGeneration. La organización considera que el transporte de mercancías por carretera no puede volver a convertirse en el sector sobre el que recaigan nuevas cargas cuando se buscan mayores ingresos o se deben cumplir objetivos ajenos a su actividad directa.

Según la CETM, cualquier incremento fiscal sobre el gasóleo tendría un efecto inmediato en la competitividad de las empresas de transporte. La patronal recuerda que este sector opera con márgenes ajustados y que sus costes repercuten sobre toda la cadena de suministro, desde la logística hasta el precio final de los bienes y servicios que reciben ciudadanos y empresas.

La Confederación subraya que las empresas transportistas llevan años soportando una subida continuada de sus costes de explotación. Entre los factores que más presionan al sector cita el encarecimiento de los combustibles, el aumento de los costes laborales y financieros, las mayores cargas regulatorias y las inversiones necesarias para avanzar en la descarbonización y la digitalización.

En este contexto, la CETM considera que elevar la fiscalidad del gasóleo agravaría una situación ya compleja para miles de empresas. La patronal insiste en que el transporte de mercancías por carretera es una actividad estratégica para garantizar el abastecimiento del país y el funcionamiento ordinario de la economía.

Uno de los principales argumentos de la CETM es el posible efecto contrario al buscado en términos recaudatorios. La organización advierte de que equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina podría reducir el atractivo de España como país de repostaje para las flotas internacionales.

De acuerdo con la Confederación, un incremento de 10 céntimos por litro favorecería que muchos vehículos repostaran en otros países. Esta situación podría afectar especialmente a la actividad económica de las zonas fronterizas, donde el transporte genera un impacto relevante ligado al consumo de combustible y a los servicios asociados.

La CETM también llama la atención sobre el efecto que esta medida tendría en las empresas que trabajan con vehículos ligeros de hasta 7,5 toneladas. Estas compañías no pueden acogerse a la devolución del gasóleo profesional, por lo que asumirían íntegramente el incremento de la carga fiscal.

Para la patronal, esta situación supondría un golpe directo a sus costes de explotación y a su tesorería, especialmente en un segmento donde muchas empresas tienen menor capacidad para absorber nuevas cargas económicas.

La CETM reconoce que España debe cumplir sus compromisos con las instituciones europeas, pero rechaza que ese cumplimiento recaiga de forma casi exclusiva sobre el transporte de mercancías por carretera. Su presidente, Carmelo González, ha defendido que el sector es estratégico para la economía y no puede acabar asumiendo de manera recurrente el coste de reformas que afectan a más ámbitos.

Por ello, la Confederación reclama al Gobierno que cualquier decisión fiscal con impacto en el transporte se adopte desde el diálogo con las organizaciones representativas del sector. También pide que se evalúen previamente sus consecuencias económicas y que se preserve la viabilidad de decenas de miles de empresas esenciales para el funcionamiento de la economía española.

La CETM reitera su disposición a colaborar en el diseño de políticas que impulsen una movilidad más sostenible y eficiente. No obstante, recuerda que los cambios deben ser compatibles con la competitividad del transporte, la sostenibilidad empresarial y el mantenimiento de un servicio seguro, eficiente y económicamente viable.

La organización concluye que, en un país periférico como España, penalizar al transporte de mercancías por carretera supone penalizar al conjunto de la economía. A su juicio, la competitividad nacional depende en gran medida de un sistema de transporte eficiente y capaz de conectar al tejido productivo español con los mercados europeos.