La IRU ha pedido un enfoque armonizado en la Unión Europea para las actualizaciones obligatorias de seguridad de los tacógrafos. La organización considera que los transportistas no deberían cargar con los costes de corregir vulnerabilidades detectadas en equipos ya homologados y comercializados.

La Organización Mundial del Transporte por Carretera, IRU, ha reclamado mayor claridad jurídica y un criterio común en la Unión Europea sobre las actualizaciones de seguridad de los tacógrafos, un dispositivo esencial para el control de los tiempos de conducción y descanso y para la aplicación de la normativa social en el transporte por carretera.

La organización recuerda que el tacógrafo y su arquitectura de seguridad son piezas centrales del sistema europeo de control. Su fiabilidad e integridad resultan fundamentales para mantener la confianza de empresas, autoridades de inspección, fabricantes y demás actores vinculados al transporte.

Esta cuestión cobra especial relevancia en un mercado europeo en el que, según IRU, el suministro de tacógrafos depende en la práctica de dos fabricantes: Stoneridge Electronics y Continental, ahora Aumovio. En este contexto, la organización considera imprescindible garantizar seguridad jurídica, igualdad de trato y coherencia en la aplicación de las normas.

IRU reconoce que la última generación del tacógrafo inteligente, conocida como G2V2, supone un avance tecnológico importante y ofrece a las empresas una herramienta más moderna y fácil de utilizar.

Sin embargo, tras su implantación se han identificado determinadas vulnerabilidades de seguridad en equipos ya homologados. Aunque la organización valora los esfuerzos realizados por los fabricantes para corregir los problemas técnicos y de seguridad, advierte de que las distintas soluciones adoptadas han generado incertidumbre entre los operadores de transporte.

Según expone IRU, Stoneridge Electronics decidió asumir los costes asociados a las actualizaciones de seguridad necesarias. En cambio, Continental, Aumovio, introdujo un sistema mediante el cual los operadores acaban asumiendo esos costes a través de la compra de bonos o vales de actualización.

Para IRU, el principio debe ser claro: las empresas de transporte por carretera, como usuarias finales de equipos que ya han sido homologados y puestos en el mercado, no deberían asumir el coste de actualizaciones obligatorias destinadas a corregir vulnerabilidades detectadas después de la homologación.

Raluca Marian, directora de incidencia política de IRU ante la UE, ha defendido que los operadores ya realizan inversiones importantes para equipar sus vehículos con tecnologías obligatorias y necesitan certidumbre en los costes para planificar su actividad.

La organización compara esta situación con la respuesta habitual en otros sectores tecnológicos. Cuando se detectan riesgos de ciberseguridad en dispositivos inteligentes, las medidas correctoras suelen ser asumidas por el fabricante. IRU considera que esa misma lógica debería aplicarse también a los tacógrafos.

La diferencia de criterio entre fabricantes ha abierto un debate de fondo para el sector. Para IRU, el hecho de que un fabricante haya asumido los costes y otro los haya trasladado a los operadores demuestra que cobrar estas actualizaciones al transportista no es una consecuencia inevitable, sino una decisión empresarial.

La organización advierte de que el problema va más allá de los casos actuales. A medida que los tacógrafos son cada vez más digitales y las actualizaciones vinculadas a la seguridad pueden ser más frecuentes, resulta necesario establecer un marco claro, previsible y armonizado para el futuro.

Un enfoque uniforme en toda la Unión Europea permitiría evitar prácticas divergentes, reforzar la seguridad jurídica y mantener unas condiciones de competencia equilibradas entre empresas, con independencia del fabricante del tacógrafo instalado en sus vehículos.

IRU reclama a todas las partes implicadas que garanticen que los operadores de transporte por carretera no tengan que asumir los costes de las actualizaciones obligatorias de seguridad cuando estas estén vinculadas a vulnerabilidades detectadas después de la homologación del equipo.

La organización también pide una gestión armonizada a escala europea de este tipo de incidencias y de las medidas correctoras asociadas, con el objetivo de asegurar un trato igualitario para los transportistas y una aplicación coherente del marco legal.

Para IRU, mantener la confianza en el sistema del tacógrafo exige seguridad jurídica, reparto justo de responsabilidades y una aplicación uniforme de las normas en toda la Unión Europea.