El Gobierno pasará a gestionar directamente 993 kilómetros de autovías de primera generación a partir del 1 de enero de 2027, tras la finalización de diez contratos de concesión adjudicados en 2007. La medida obligará a reforzar los recursos destinados a la conservación de estas infraestructuras, aunque el Ejecutivo estima que la reversión permitirá generar un importante ahorro presupuestario.

El próximo 31 de diciembre de 2026 expirarán los diez contratos de concesión de las denominadas autovías de primera generación, lo que supondrá que el Estado asuma directamente la conservación y explotación de 993 kilómetros de la red viaria. Estas carreteras representan alrededor del 9,5% de las autovías estatales libres de peaje.

Los tramos afectados corresponden a las autovías A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, adjudicadas en 2007 bajo el sistema conocido como “peaje en sombra”. Este modelo permite a los usuarios circular sin abonar peajes, mientras que la Administración compensa económicamente a las concesionarias en función del volumen de tráfico registrado.

Según los cálculos de la patronal Seopan, una vez que estas vías reviertan al Estado será necesario destinar alrededor de 79,4 millones de euros anuales para su conservación. La estimación se basa en un coste medio de mantenimiento de 80.000 euros por kilómetro, que deberá financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, el Gobierno maneja una previsión diferente. Su intención pasa por integrar estos corredores en contratos de conservación de mayor tamaño junto a otras carreteras estatales, una estrategia con la que calcula obtener un ahorro superior a los 200 millones de euros al año una vez finalicen las concesiones.

Las empresas concesionarias destacan que estos corredores han movilizado inversiones por valor de 2.504 millones de euros destinadas a la modernización y reposición de la red viaria. Según sus datos, esta cifra equivale a 2,3 veces el programa estatal de creación de infraestructuras de carreteras del Ministerio de Transportes.

Además, estas autovías soportan un tráfico un 25% superior a la media de las vías libres de peaje y registran una presencia de vehículos pesados 4,7 puntos porcentuales por encima del promedio de la red estatal, lo que refuerza su importancia estratégica para el transporte de mercancías por carretera.

Actualmente, los contratos funcionan mediante un sistema de cánones vinculados a 41 indicadores de calidad del servicio y cuentan con una plantilla conjunta de alrededor de 500 trabajadores especializados en conservación y explotación.

Uno de los aspectos que deberá resolverse antes de la reversión será el futuro de estos profesionales. Entre las cuestiones pendientes figura la posible subrogación de los trabajadores para garantizar la continuidad de los servicios de mantenimiento cuando las autovías vuelvan a depender directamente de la Administración.

Desde Seopan defienden que el modelo concesional ha contribuido a mejorar los niveles de seguridad y calidad de servicio de estas infraestructuras. La comparación entre los dos años previos al inicio de los contratos y los dos últimos ejercicios de explotación refleja una reducción significativa de los índices de peligrosidad y mortalidad, además de un estado de conservación superior al de otras autovías de la red estatal.

La reversión de estos casi mil kilómetros de autovías supondrá uno de los cambios más relevantes en la gestión de la red viaria estatal de los próximos años, con implicaciones tanto presupuestarias como operativas para el sector de la conservación de carreteras y para las empresas que utilizan diariamente estos corredores estratégicos para el transporte de mercancías.