El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ha acordado la aprobación inminente de un nuevo Real Decreto-ley con medidas destinadas a amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el sector.

La reunión celebrada este lunes entre representantes del CNTC y altos cargos del Ministerio ha servido para cerrar los últimos detalles de un paquete normativo que verá la luz el martes 14 de abril. La urgencia de la medida responde a un escenario internacional complejo, donde el encarecimiento del combustible vuelve a tensionar los costes operativos del transporte.

El objetivo es claro: garantizar la viabilidad económica de las empresas transportistas y reforzar la estabilidad del mercado en un momento de alta incertidumbre.

Uno de los pilares del nuevo decreto es la actualización de la fórmula de revisión del precio del transporte, que quedará directamente ligada a la evolución del precio del combustible.

Este cambio supone un avance significativo:

• La revisión será automática y continua.
• Se eliminan renegociaciones constantes entre las partes.
• Se dota al sector de una mayor previsibilidad económica.

Además, esta fórmula ha sido diseñada para mantenerse vigente en el tiempo, evitando futuras modificaciones y adaptándose de forma dinámica a los cambios del mercado energético.

El acuerdo también contempla la modificación del artículo 38 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías. Con ello, se pretende reforzar el carácter obligatorio de la aplicación de la revisión de precios.

Este ajuste normativo elimina interpretaciones ambiguas y consolida un marco más sólido para las relaciones mercantiles dentro del sector.

Otra de las medidas clave es la obligación de detallar en factura el impacto del precio del combustible, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2022.

Esta decisión implica:

• Mayor claridad en las operaciones comerciales.
• Eliminación de fórmulas alternativas en contratos.
• Homogeneización de prácticas en todo el sector.

El nuevo texto legal incluirá un régimen sancionador específico para quienes no cumplan con la obligación de desglose en factura. Destaca especialmente el endurecimiento de las sanciones en casos de reincidencia, lo que evidencia una clara voluntad de control por parte de la Administración.

Desde el propio CNTC, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de Astic, Marcos Basante, ha destacado la importancia de estas medidas, subrayando que “la realidad del sector evoluciona a un ritmo que supera los tiempos legislativos”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que las decisiones acordadas entren en vigor sin demora, permitiendo que los transportistas puedan beneficiarse de ellas de forma inmediata.

A pesar de los avances, el Gobierno y el sector mantienen activa una mesa de negociación permanente. Quedan aún desafíos por abordar, muchos de ellos condicionados por decisiones a nivel europeo.

En definitiva, este nuevo Real Decreto-ley representa un paso firme hacia un modelo de transporte más equilibrado. La combinación de automatización, transparencia y respaldo legal refuerza la posición de un sector estratégico para la economía española, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.