La IRU (Organización Internacional del Transporte por Carretera) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) han solicitado a los responsables de la Comisión Europea una actuación urgente para apoyar al sector del transporte por carretera, exigiendo mayor claridad en la aplicación de las normas comunitarias sobre el pago de los conductores desplazados por parte de los Estados miembros.

Ambas organizaciones han enviado una carta conjunta dirigida a Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para Derechos Sociales, Capacidades, Empleos de Calidad y Preparación, y a Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo. En ella, la IRU y la ETF piden a la Comisión que facilite la armonización de la información proporcionada por los países miembros y que promueva una aplicación uniforme del Paquete de Movilidad 1, específicamente en lo relativo a la remuneración de los conductores desplazados.

Raluca Marian, directora de Defensa de la UE en la IRU, explicó:
«Cinco años después de la adopción del Paquete de Movilidad 1 y tres años desde su entrada en vigor, empleadores y empleados que trasladan mercancías y personas a través de las fronteras europeas siguen enfrentándose a una gran complejidad normativa nacional en los 27 Estados miembros.»

Según Marian, disponer de normas claras sobre la remuneración publicada de los conductores resulta clave para garantizar seguridad jurídica, competencia leal y una comprensión adecuada de los derechos laborales. «Ya es hora de que los trabajadores del sector sepan cuánto deben pagar y cuánto tienen derecho a recibir», añadió.

El Paquete de Movilidad 1, adoptado por la UE en 2020, supuso la reforma más ambiciosa hasta la fecha en materia de condiciones sociales para conductores profesionales. Este marco establece cuándo se considera que un conductor está desplazado a un país de acogida y, por tanto, cuándo debe percibir una remuneración que no sea inferior al salario mínimo establecido en ese país.

No obstante, para aplicar plenamente esta normativa, los Estados miembros deben definir con claridad la remuneración mínima vigente en sus respectivos territorios. La falta de homogeneidad, la ambigüedad legal y la escasa transparencia están generando una gran inseguridad jurídica, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría del sector del transporte por carretera.

Cuando los Estados proporcionan información, esta suele estar dispersa en múltiples sitios web, difícil de interpretar o desactualizada. Esta situación obliga a muchas empresas a buscar asesoramiento especializado y costoso, lo que incrementa los costes operativos y aumenta el riesgo de incumplimiento involuntario.

Para solucionar esta problemática, la IRU y la ETF, en su calidad de interlocutores sociales en el Comité de Diálogo Social de la UE para el transporte por carretera, solicitan a Mînzatu y a Tzitzikostas que impulsen dos medidas concretas:

1. Una plantilla estandarizada a nivel de la UE que cada Estado miembro debe utilizar para publicar información clara, actualizada y accesible sobre la remuneración mínima nacional y sus componentes. Esta información debería estar centralizada en el portal específico de la Comisión Europea.

2. Una calculadora de remuneración europea, acompañada de una herramienta de orientación oficial, que ayude a los operadores de transporte a aplicar correctamente las normas sobre conductores desplazados en cada Estado miembro.

En palabras de Marian, la falta de uniformidad hace que incluso expertos cualificados tengan serias dificultades para determinar la remuneración exacta que corresponde a un conductor desplazado. Para los pequeños operadores, esta complejidad implica elegir entre contratar asesoramiento externo costoso o arriesgarse a incurrir en errores de cumplimiento.

Implementar un sistema claro, centralizado y fácil de utilizar contribuiría a fomentar condiciones de trabajo justas, mejorar la aplicación efectiva de la normativa y reforzar la integridad del mercado único europeo.

Marian concluyó:
«Confiamos en que el vicepresidente Minzatu y el comisario Tzitzikostas apoyarán una solución que permita a los operadores dejar de ser penalizados injustamente por la complejidad normativa y la falta de información accesible.»

La situación actual está obligando a muchas empresas a depender de consultores especializados en cumplimiento normativo, quienes, a su vez, también enfrentan dificultades para encontrar datos fiables. Esta incertidumbre puede derivar fácilmente en errores en la retribución de los trabajadores y conflictos legales, afectando la sostenibilidad y competitividad del transporte por carretera en Europa.