El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco ha tirado abajo los peajes de la A-15 y N-I en la provincia de Guipúzcoa. La sentencia da la razón así al sector transporte al considerar que el cobro de estos peajes era discriminatorio y disconforme a Derecho. Fruto de esta resolución, el TSJ del País Vasco ha condenado a las Juntas Generales y a la Diputación Foral de Guipúzcoa a anular estos peajes y pagar las costas judiciales del proceso.

La sentencia del TSJ regional atiende al Recurso Contencioso-Administrativo que fue presentado el pasado 5 de diciembre de 2018 por la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), junto al resto de las organizaciones miembro del Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte (CNTC). De esta forma, la Norma Foral 6/2018 del 12 de noviembre por la que se regulaba el peaje de algunos tramos de alta capacidad de la A-15 y del N-I en Guipúzcoa ha quedado anulada.

Aunque existe la posibilidad de presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días, la CETM se ha mostrado muy satisfecho con la resolución tomada por el TSJ del País Vasco. Desde el organismo se pone de manifiesto una vez más la enorme injusticia que se comete con la aplicación de este tipo de peajes parciales y que están destinados en exclusiva a los vehículos pesados destinados al transporte de mercancías por carretera, siendo en este caso los perjudicados los camiones procedentes de fuera de Guipúzcoa.

Pese a todo, desde la CETM se llama a la prudencia ya que es muy probable que la Diputación Foral de Guipúzcoa mantenga el cobro de estos peajes en la A-15 y la N-I hasta el último momento. Un ejercicio de afán recaudatorio que choca con la sentencia del TSJ del País Vasco y que obligará a la Diputación a devolver el total del importe recaudado -con los intereses correspondientes- si el Tribunal Supremo confirma que estos peajes son ilegales. Por eso, desde CETM se recomienda a las empresas de transporte y profesionales autónomos que conserven los justificantes de pago de cara a una futura reclamación.