El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja en direcciones casi contrapuestas para reformular el modelo de financiación de las autopistas de España. Por un lado, el organismo de Gobierno valora dar forma al regreso de las concesiones de carreteras tras años de práctica sequía de nuevos contratos bajo modalidad de explotación por 25 años y de pago por disponibilidad. Por otro, el Ministerio tramita las solicitudes de incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje que están en liquidación concursal.

El Gobierno está decidido a implantar un modelo de concesiones de autopistas por un plazo de 25 años bajo la modalidad de pago por disponibilidad, sin la existencia de un peaje directo. Un modelo que está sujeto a ratios de uso, seguridad y servicio con el fin de mejorar a todos los niveles el mantenimiento de estas autovías, así como la labor del sector privado a la hora de llevar a cabo su gestión. Un modelo que amplía el plazo de explotación sobre otro tipo de propuestas y que además lleva a que posibles expropiaciones corran a cargo de la Administración.

Dentro de este plan de actuación, el Ministerio de Transportes ha anunciado que va a someter a estudio la viabilidad de la concesión de la autovía del Mediterráneo (A-7) entre Crevillent y Murcia. Un estudio que incluye actuaciones preparatorias para la licitación de un contrato que incluye un proceso de ejecución de obras de acondicionamiento y mejora por 200 millones de euros. El contrato además obliga a la concesionaria a mejorar la seguridad y condiciones de servicio del tramo, suprimiendo los puntos más conflictivos.

A cambio, la concesionaria recibirá un canon mensual por la prestación del servicio que sufrirá variaciones según el número de usuarios, la seguridad vial ofrecida o el porcentaje de la inversión realizada en el acondicionamiento y mejora del tramo que esté en servicio. Una cifra que por ende variará según se ejecuten las obras del tramo B del arco Norte de Murcia o de la creación del tercer carril de la autovía A-7 con enlace a la AP-7, sumando 39,9 kilómetros y se realicen actuaciones de reparación, reposición y conservación ordinaria.

El Ministerio de Transportes espera que parte del presupuesto destinado al pago de canon de la adjudicataria salga de la incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje que están en liquidación concursal, ya que estas fianzas alcanzan un valor de 120 millones de euros. Si bien parte del dinero irá a avalistas y acreedores de las mismas, parte de estas fianzas de explotación de la R2, R3, R5, R4, M-12, AP-36, AP-41 y tramos de la AP-7 revertirán en nuevos contratos y concesiones de otras autovías.